La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo, colectivo vecinal que se opone al proyecto de mina de fosfato en esa pequeña localidad de la comarca de los Montes de Toledo, ha advertido del peligro de que “las voladuras podrían dispersar partículas radiactivas de uranio”, y perjudicar la salud de la población, en la vista del contencioso planteado por su representación legal, Ecologistas en Acción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Quieren que la justicia paralice la declaración de impacto ambiental y la concesión de explotación, que otorgó la Junta de Castilla-La Mancha en distintos momentos del proyecto, años 2018 y 2022, que no ven claras, y así lo han expuesto en la vista del caso celebrada este miércoles en Albacete.
«Creo que hemos defendido bien nuestros estudios»
“Creo que hemos defendido bien los estudios que hemos presentado, que tratan de demostrar que la declaración de impacto ambiental no es válida; se apoya en estudios que son defectuosos y faltan muchos datos para poder determinar el verdadero impacto ambiental del proyecto”, asegura Francisco José Carrión, biólogo y miembro de Ecologistas en Acción.
Lo más crítico para la plataforma es el estudio hidrogeológico, “no saben qué afecciones tendrán los acuíferos, los manantiales; por dónde puede salir la contaminación, y cómo evitarlo con medidas correctoras”, dice Sarrión.
Ecologistas en Acción, que ha presentado seis informes, cree tener “razones suficientes para pensar que el estudio de impacto ambiental no es correcto y los valores que se tratan de proteger, no se están asegurados”. A medio plazo, esperan ganar el contencioso, aunque tengan que esperar un año y medio, el tiempo que podría tardar en pronunciarse la Sala de la Contencioso del Tribunal Superior de Justicia regional.
Deficiencias estructurales en la evaluación ambiental
Aseguran que el recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces.
Una de las primeras protestas contra la mina de fosfatos en Fontanarejo, en 2018 / Archivo
«No fueron sometidos a información pública»
«Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública», permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la plataforma, contraviene la legislación vigente.
La concesión la tiene ahora Fertiberia
La concesión de explotación se otorgó por resolución de 4 de julio de 2022 a la empresa Alcudia Phosphates S.L., cuya administradora única en estos momentos es Fertiberia.
La mina ya está en marcha, la construcción de las instalaciones comenzaron a primeros de noviembre del año pasado. El recurso contencioso no paraliza por ahora el proyecto.
La representación de la Junta de Castilla-La Mancha ha argumentado que la declaración de impacto ambiental se basó en el conocimiento que tenían en esa época, y que no hubo alegaciones presentadas en plazo para incorporar.
