Los diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han querido alertar sobre los efectos del Real Decreto 933/2021que va a obligar a consignar numerosos datos en los registros de todo tipo de alojamientos: “Como ciudadanos, nos invade completamente la parcela de intimidad personal, y a los que tienen un negocio para pernoctar los condena a una dinámica de gasto inabordable”, declaran.
Señalan que toda la industria del alojamiento ha advertido al Ejecutivo del PSOE y al ministro Marlaska que el Real Decreto 933/2021 es una barbaridad, y que el futuro del sector no es más burocracia y menos privacidad, sino seguir negociando con los operadores para mantener la seguridad como uno de los factores que hace al sector ser más competitivo, pero con criterios de racionalidad. “Los requerimientos de registro e información planteados son absolutamente desproporcionados y se traducirán en una desventaja competitiva frente al resto de los países de nuestro entorno”, denuncian.
Aseguran que esta normativa tendrá un impacto negativo en la actividad diaria de miles de pequeños negocios, ya que vulnerará la normativa europea y generará una carga administrativa insostenible. Así mismo, lamentan que las entidades y operadores turísticos no han sido respetados lo suficiente: “Ellos son los responsables de que seamos una potencia mundial y que muchos países y empresas de todo el mundo se fijen en España. Nuestro país ocupa el tercer lugar en el índice de desarrollo de viajes y turismo según el World Economic Forum pero para mejorar esta posición es fundamental modernizar nuestros destinos, implementar políticas que aumenten la disponibilidad y no poner reparos a los tour operadores y a la clientela”, opinan.
En lo que se refiere a la provincia de Ciudad Real, manifiestan que estamos ante un territorio donde la actividad hotelera, de alojamientos rurales o de medianos hostales, relacionados con turismo no estacional y de estancia breve, venía experimentado un incremento sostenido gracias a la apuesta de pequeños emprendedores por ofrecer un producto de calidad y comprometido con el medio ambiente. Sostienen que estas medidas obligarán a la mayoría a incrementar los costes, a perder competitividad con las grandes cadenas hoteleras y a “marear” a los clientes, “que no se van a resignar a desnudar su tiempo y su intimidad con la consignación de decenas de datos en un registro desatinado e invasivo”.
Por ello, informan que desde el día 2 de diciembre que se impuso obligatoriamente este mecanismo, han intensificado el canal de comunicación que tenían abierto con la Asociación Provincial de Hostelería para tratar de paliar los problemas de funcionamiento que se les avecinan.
Además, indican que ya han mantenido conversaciones de información legal con el presidente de este colectivo, Juan Daniel Rubia, y señalan que los representantes del sector subrayan, ante Fúnez y Belda, la ausencia de sensibilización del Gobierno respecto de sus denuncias desde que en 2021 se anticipaba la medida.
“Por si el despropósito del Gobierno fuera poco, en lo directamente relacionado con la intimidad de los clientes y los costes para la hostelería, la medida ha entrado en vigor en un momento en el que el sector sufre altibajos derivados de una política turística errática, y en un mes donde España ha destruido más de treinta mil empleos”.
Concluyen asegurando que la economía de España va a sufrir un notable retroceso si se sigue tratando al sector turístico como sospechoso de atacar a la convivencia, el medio ambiente o, como en este caso, como encubridor de actividades delictivas. “Estamos ante un nuevo despropósito más de un presidente que toma decisiones sin un sólido juicio de los efectos de sus medidas sobre los derechos de las personas y sobre la economía nacional”.
