Los diputados nacionales del Partido Popular, Carmen Fúnez y Enrique Belda, se han dirigido al Gobierno para solicitarle que evalúe si el marco normativo, referente al Ingreso Mínimo Vital, es congruente con el nivel de acceso efectivo al procedimiento administrativo de petición de prestaciones.
Y es que, a juicio de Fúnez y Belda, Pedro Sánchez trata igual a los agricultores de la provincia que a las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión: «exigencias de papeles para desalentar la petición de las ayudas», han aseverado.
Recuerdan que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que, vivan solas o estén integradas en una unidad de convivencia, carecen de recursos económicos mínimos para cubrir sus necesidades básicas, y que se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, «persiguiendo el garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias».
Aseguran que, tras mucho tiempo de convocatorias abiertas, los potenciales destinatarios, las ONG´s y trabajadores sociales de muchos entes públicos les han trasladado que el alto nivel de exigencia burocrático desanima en muchos casos, a personas cargadas de problemas, a afrontar un inacabable rosario de justificantes, acreditaciones y papeles.
«El dinero público hay que vigilarlo al máximo, pero la obligación de un Gobierno, conocedor de los problemas de la gente, es diseñar una adjudicación segura sin afectar los derechos de los peticionarios ni desconocer sus problemas de acceso a oficinas públicas, medios informáticos o disponibilidad de tiempo», advierten.
Para evaluar el problema en nuestra provincia, ya preguntaron el pasado mes por el número de solicitudes en nuestra circunscripción, así como sobre la cantidad de las concedidas, «pero, como en otros casos relativos a prestaciones sociales, la contestación o no llega, o se responde de manera incompleta», han lamentado.
«El autodenominado «gobierno progresista» carece de sensibilidad para entender quiénes son las personas reales destinatarias de las prestaciones más básicas, igual que está pasando con los ataques a los bancos de alimentos, que tratan de cubrir necesidades distintas a las de las tarjetas de consumo que se quieren introducir», han concluido.
