Belén Rodríguez
Ciudad Real
Juan Antonio A.T., el ganadero de Viso del Marqués acusado de varios delitos contra la fauna como presunto autor de la colocación de al menos nueve cebos envenenados por los que murieron seis águilas imperiales en enero de 2012 en la finca pública la Encomienda de Mudela, insistió este jueves en su inocencia ante la juez que enjuició el caso en el juzgado 1 de lo Penal: “Jamás en mi vida he puesto cebos. Llevo toda mi vida en el campo y jamás le hecho daño a la naturaleza”, declaró.
Juan Antonio A.T., único sospecho e imputado en un caso considerado de los más graves de muerte por veneno de especies en peligro de extinción con como el águila imperial, insinúo que ha sido víctima de un complot del que al final del juicio responsabilizó al entonces director de Parques Nacionales y gestor de la finca, Basilio Rada, “intentaron comprarme mi parcela para que no tuviera allí ningún vallado y como no quise me amenazaron”, dijo en su alegato final.
El ganadero, que tenía y tiene gallinas y un rebaño de ovejas en la parcela en la que aparecieron las águilas, cree que cualquiera pudo colocar los cebos (el vallado de su finca no mide más de 1,20 m) e incluso los ejemplares de águila (dos estaban en la copa de un chopo).
Su abogado, Gregorio Rodríguez, entiende que no hay ninguna prueba de cargo contra él puesto que en su casa y pese al “ejército de agentes” que la registraron no se encontró veneno ni nadie le vio colocar los cebos, que aparecieron tres días después del hallazgo de la aves.
Conocedor de que en su parcela nidificaban las águilas, reconoció que en años anteriores a 2012 Parques Nacionales le había repuesto las gallinas que le mataban estas aves, pero según su abogado “unas pérdidas de apenas cien euros no son un móvil sólido como para querer matar águilas”.
Por el contrario las acusaciones, incluida la fiscalía, cree que hay suficientes indicios como para condenarle, tanto por la forma en la que estaban colocados los cebos en torno a su parcela, como por el hallazgo de las águilas y el hecho de que es el único ganadero que tiene allí “alimento” (gallinas y ovejas) para las rapaces.
SEO/Birdlife que ejerce la acusación popular y pide las penas más altas: 2 años y medio de cárcel y 760.000 euros de indemnización, entiende que las explicaciones son las habituales, y minimiza el hecho de que no se haya encontrado el veneno, “nunca aparece”, explicó el abogad Pablo Ayerza, “él fue informado el primer día del hallazgo de las águilas y el registro se hizo mucho después, hasta que aparecieron los cebos”.
La Junta de Comunidades y la fiscalía consideran que hay suficientes indicios para condenar al ganadero, al que creen autor de dos delitos contra la fauna por los que solicitan 2 años y tres meses de cárcel y una indemnización de 360.400 euros por la pérdida de las águilas.
