Belén Rodríguez
Ciudad Real
José Manuel Torres, el letrado de la administración de justicia (antes secretario) que dirige el Servicio Común de Ejecución, una de las tres macro-oficinas que se crearon en febrero de 2011 en los juzgados de Ciudad Real dentro del nuevo sistema organizativo de oficina judicial, reconoce que estaba más tranquilo como secretario de su juzgado que al frente de los 40 funcionarios que se encargan de hacer cumplir todas las sentencias de los juzgados penales, las que dictan por delito los juzgados de instrucción de la provincia, además de las medidas de Menores y de Vigilancia Penitenciaria (reclusos de Herrera, Alcázar y Albacete). “Hemos hecho un esfuerzo enorme”, explica en esta entrevista, en la que refiere como grandes logros el trabajo en equipo, la especialización y la interconexión de los juzgados: “El futuro de la justicia está aquí, en la oficina judicial”.
Tanto es así que asegura que la implantación del ‘papel cero’ o del expediente digital, que ha empezado este año en el territorio del Ministerio de Justicia podría funcionar sin problemas en los juzgados de Ciudad Real, porque se sirven de tres macro-oficinas, la suya, el Servicio Común General y el Servicio de Ordenación del Procedimiento. “Nosotros llevamos cinco años con esto y estamos preparados para lo que nos echen”, afirma.
“A la larga hay que reconocer que ha sido una experiencia positiva, con mucho trabajo, no lo voy a negar, y mucho esfuerzo de personal, de funcionarios que tienen que venir muchas tardes y que han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías”.
Torres, que se estrenó como director del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, el famoso SCOP, reconoce que fue el que más problemas dio al principio, que en parte explica por el enorme volumen de trabajo (con años de preparación previa) que hubo que asumir de golpe y sin ampliación de personal. “Fue traumático. El problema es que aquí hay más trabajo que en las UPAD [Unidad Procesal de Apoyo Directo], lo que venía a ser el juzgado, en el que se quedó el juez y varios funcionarios de gestión, y quien vino a las oficinas tuvo que adaptarse a trabajar de otra manera”.
Lo importante para Torres es que las macro-oficinas, con los ajustes que ha habido que hacer, han conseguido que se trabaje de la misma manera y en base a unos criterios únicos. “Hemos ganado en tiempo y en eficacia”, señala.
Antes de la oficina judicial, cuando un asunto entraba en un juzgado se tardaba un tiempo en admitirlo a trámite, “ahora hemos garantizado que todo se admite ese mismo día o como mucho al día siguiente”.
Además dice que el trabajo en equipo ha garantizado que en todos los juzgados se trabaje de la misma manera y con los mismos criterios. “Esto nos permite adaptarnos a lo que nos entre. Si en un determinado momento llega una avalancha de quinientas demandas de ejecución, yo puedo sacar gente de un servicio y ponerla durante un tiempo a sacar todo eso adelante, nos podemos adaptar mejor a las necesidades”.
En cuanto a tiempo de respuesta dice que en líneas generales se ha mejorado, aunque no lo es lo mismo ejecutar un asunto penal o social, en el que se actúa de oficio, que civil en el que el cumplimiento de la condena se hace a instancia de parte, y si no hay bienes que reclamar no se puede cerrar la ejecución. “En penal siempre se ha ido bastante rápido porque hablamos de penas de prisión. Antes si a alguien se le condenaba además a una pena de multa y no la pagaba teníamos que hacer una averiguación patrimonial que tardaba, ahora con las herramientas que tenemos en una semana podemos saber si tiene bienes o no. Hay determinadas ejecuciones que van muy rápidas, otras no.”
En cualquier caso señala que la tónica de los últimos años es que se resuelven más demandas de ejecución que las que entran.
El responsable del Servicio de Ejecutorias también subraya el papel que juega la tecnología. “La aplicación Minerva nos informa que hoy por ejemplo ha cumplido la pena de alejamiento una persona, de manera que ese mismo día abrimos la ejecutoria, avisamos a la víctima y la archivamos para que la aplicación también sepa que esa pena se ha cumplido”.
El año pasado entraron 6.692 ejecutorias penales, de vigilancia penitenciaria y de menores, se reabrieron 3.006 y se archivaron 9.500 ejecuciones, “estamos hablando de un volumen bastante bueno”.
Claro que para llegar a estos números este servicio, ideado en su momento para evitar errores como el triste ‘caso Mari Luz’ de Huelva (la menor asesinada por un hombre que debería haber estado cumpliendo una condena por otro delito), este servicio tuvo que introducir cambios respecto a cómo empezaron a funcionar. “Al principio dividimos el trabajo por fases y por equipos, pero eso no dio el resultado esperado puesto que servía para civil pero no para penal, y tuvimos que cambiar”.
La modificación no sólo les fue bien, sino que el SCEJ, al que también está adscrito un magistrado, otra letrada de la administración de justicia y cuenta con la coordinación de los tres juzgados de lo Penal (UPAP’S), recibió en 2014 el premio Calidad de la Justicia, “no tanto por nuestros números, sino por la capacidad que tuvimos para organizarnos”.
Ahora este servicio y en general la oficina judicial, que están copiando comunidades autónomas con la Justicia transferida, sirve de campo de pruebas para la formación de jueces, abogados o letrados de la administración de justicia (antes secretarios), que de forma periódica vienen a Ciudad Real a ver cómo se trabaja. Hasta funcionarios del Ministerio de Justicia de Egipto estuvieron hace unos años recibiendo formación en los juzgados de Ciudad Real, recuerda Torres.
La pega que este funcionario de la administración de Justicia curtido y con mucha capacidad de organización, según sus compañeros, es el personal.
Según dice el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento que pone la fecha de los juicios, recaba pruebas que les piden los juzgados y lleva todos los trámites de la instrucción de los miles de asuntos que entran cada año, y el de Ejecución, llevan “el 80 o el 90 por ciento del trabajo que se hace en los juzgados y de los asuntos que se tramitan cuando no tenemos el 80 por ciento de la plantilla. En definitiva, donde está todo el trabajo es aquí, la unidades procesales de apoyo directo [ahora UPAS, antes juzgado] están bastantes descargadas de trabajo, creo que sería más efectivo dotar de más personal a estas macro-oficinas”.
Cuando empezó la oficina judicial no hubo ampliación de plantilla propiamente dicha. Lo que sí hizo el ministerio fue emplear a un grupo de interinos (una veintena en estos momentos), como una especie de equipo de contingencias para dar salida a los asuntos antiguos que hubo que revisar y poner al día. Cinco años después esos interinos siguen trabajando, prórroga a prórroga, “lo que queremos es que en la próxima relación de puestos de trabajo ya sean considerados parte de la plantilla, puesto que en la práctica lo son”.
Con todo, Torres tiene claro a estas alturas que el futuro de la justicia en el resto de ciudades que no todavía no tienen oficina judicial pasa por su creación, “sea con este formato, o como tribunales de instancia. Al final habrá un grupo de magistrados que se van a encargar de celebrar sus juicios, deliberar y dictar sentencias, y a ese grupo de jueces habrá que darles un servicio con una oficina, llamese tribunal de instancia, oficina judicial o como sea. Vamos hacia un sistema más especializado y eficaz que tendremos que ir mejorando”.
En plena crisis y con cambios penales
La oficina judicial, un proyecto de modernización de la justicia ideado en tiempos del ministro Fernando López Aguilar (2005), al que gobiernos posteriores dieron continuidad, se estrenó en un mal momento. En 2011, en plena cirisis económica y además ha tenido que afrontar la gran modificación del Código Penal que obliga a revisar cientos de sentencias para que, en caso de que sean más beneficiosas para el condenado, aplicar esa mejoría.
“Al principio notamos un crecimiento exponencial en materia laboral, tuvimos que tramitar y ejecutar muchísimos despidos y trámites de subrogación al Fogasa ante la falta de pago de muchas indemnizaciones. Cuando la gente no tiene dinero se nota y es peor a la hora de ejecutar sentencias civiles: no se puede. Cuando hay cierta mejoría, también. Ahora vemos que gente que no pudo pagar en su momento ahora lo está haciendo”, explica el director del Servicio Común de Ejecución.
En las ejecutorias penales no ha habido grandes novedades en estos años. “Los delitos siguen siendo los mismos, aunque han aparecido nuevas modalidades relacionadas con las nuevas tecnologías”.
