Juan Miguel Paños, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) en Castilla-La Mancha, explica que la huelga convocada contra la ‘ley Bolaños’, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, no va de exigencias salariales, sino de principios. “Hacemos huelga porque está en juego la independencia judicial”, dice.
“No entendemos que la ley se apruebe sin escuchar a los implicados y menos que se lleve por trámite de urgencia”. Temen que al ritmo de tramitación que lleva se apruebe en julio, y no comprenden “que una reforma de este calado, que afecta a la forma de acceder a la carrera judicial y a la organización, se apruebe sin el consenso del colectivo”.
Esas son las razones, “y no otras”, insiste Paños, juez de adscripción territorial en los juzgados de lo Penal en Albacete, para la huelga los días 1, 2 y 3 de julio que sostienen las asociaciones profesionales, frente a una reforma planteada por el Gobierno para favorecer el acceso a la carrera, y que haya más jueces y fiscales, mientras que el sector lo ve como un retroceso y una renuncia a la excelencia.
“No somos una casta privilegiada”
¿Qué tiene de malo una ley que se presenta para ‘democratizar la justicia’?, bajo su punto de vista, “la ley parte de una premisa prejuiciosa, se quiere mostrar a los jueces, desde ciertos ámbitos políticos, como una especie de casta privilegiada, cuando no tiene nada que ver con la gente que accede a la carrera, la mayoría juezas”, replica.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la región, los ‘vitorinos’ cuenta que la mayoría de las personas que acceden a la carrera “pertenecen a la clase media y no tienen ningún ascendente judicial. Las nuevas promociones de jueces y fiscales se verán afectadas por el acceso por el cuarto turno, con un examen más fácil, y con cinco años extra de antigüedad».
El juez denuncia “la desproporción” entre los que acceden por la oposición libre y por el cuarto turno (personas que llevan cinco años haciendo suplencias, sin superar la oposición). “La intención que se ve es diseñar una carrera judicial a medida y limitar el poder de los jueces”, insiste.
“Vemos que el proyecto de ley puede ser un atentado grave a la independencia judicial y al Estado de Derecho”.
«No vamos contra ninguna opción política»
Respecto a por qué ir a la huelga ahora, Paños, que entre otros destinos ha ejercido como juez en Tomelloso y la Audiencia de Ciudad Real, dice que ha sido el calendario que ha impuesto el Gobierno, “no vamos contra ninguna opción política, estamos contra un proyecto de ley concreto tal y como se plantea».
El «empequeñecimiento» del papel del juez
“Otros proyectos se aprobaron con mayor consenso. Todo viene de que hay una tendencia de años de ir empequeñeciendo el papel del juez, o queriendo controlar el CGPJ, como pasó desde tiempos de Gallarón y también se hizo la huelga”, remata.
Las asociaciones esperan un seguimiento importante de la huelga, cuyas reivindicaciones también apoya el Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que fijar los servicios mínimos y su postura en un pleno este jueves, a instancias del Gobierno. Las concentraciones previas en Ciudad Real y Castilla-La Mancha tuvieron mucho éxito.
De la posibilidad de que el Gobierno recule desea que sea así, “ojalá”, comenta, de momento se ha convocado una concentración en el Tribunal Supremo este sábado, paso previo a las tres jornadas de huelga. El otro temor es que el inicio de las vacaciones de verano diluya la protesta o no tenga el seguimiento que esperan.
El martes las cinco asociaciones convocantes explicaron en un comunicado que han decidido seguir adelante con la huelga tras la reunión celebrada el lunes con representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sostienen que el comité de huelga reclamó la retirada íntegra del proyecto de ley por el que se pretende modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal.
«Que se tramite por el cauce ordinario»
Según precisan, el comité de huelga también insistió en la necesidad de que el proyecto legislativo «se tramite por el cauce ordinario, garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado». Además mostró su oposición a la proyectada reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y reclamó su retirada al considerar que supone «un grave retroceso en la autonomía» de la fiscalía.
Una huelga de jueces es algo que se ha dado muy pocas veces en democracia en España, la última duró un día y fue en 2018.
