Alrededor de unas 40 personas, entre jueces y fiscales, se han congregado el mediodía de este jueves a las puertas de los juzgados de Ciudad Real para exigir mejoras laborales, con el fin de conseguir que los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el Consejo General del Poder Judicial, impulsen las iniciativas políticas y legislativas necesarias para mejorar el estado de la Justicia, “abandonada legislatura tras legislatura y condenada a funcionar gracias al esfuerzo personal y responsable de cuantos estamos directamente a su servicio”.
Las asociaciones de jueces Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; la Asociación Profesional de la Magistratura; Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y las tres de fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales; Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales, han sido las organizaciones que han convocado esta concentración, que se han celebrado también en toda España.
María Isabel Serrano, juez decana de Ciudad Real, ha lamentado que la Justicia “no está atravesando su mejor momento”, pues cada vez “se está haciendo más difícil” prestar un servicio adecuado a la ciudadanía y resolverle los problemas que nos presenta, “que es nuestro trabajo”.
La juez decana ha procedido a la lectura de un comunicado apoyando las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales y fiscales para la mejora de la Administración de Justicia, entre las que destacan reforzar la independencia judicial, modernizar la Administración de Justicia, racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales de jueces y fiscales.
En el caso de Ciudad Real, la juez decana ha indicado que “como mínimo” se necesitarían otros siete juzgados, debido a la “carga” que tienen todos los jueces de Ciudad Real. “Es imposible la carga de trabajo que se soporta por los jueces y fiscales”, ha aseverado.
En este sentido, ha criticado que en Ciudad Real “llevan años” sin crearse ningún nuevo juzgado, mientras que la litigiosidad “se ha incrementado exponencialmente. Hacemos todo lo que podemos, pero no podemos hacer más”.
Otras reivindicaciones
En el manifiesto también se ha hecho referencia a la Ley Orgánica del Poder Juducial, pues además de pedir el impulso inmediato de esta norma para la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de las carreras judiciales y fiscales, exigen la retirada de medio centenar de enmiendas que “coartan el ejercicio de la función judicial y vacían ciertas competencias al órgano de gobierno de los jueces”.
Así mismo, exigen la reforma de esta ley en lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial para garantizar que la elección de sus vocales sea directamente por los jueces y magistrados y que se asegure “la igualdad de género y la representatividad”.
También, los jueces y fiscales solicitan al Ministerio de Justicia un plan de inversión “suficiente y prolongado” para convocar al menos 300 plazas en toda España con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea.
