J. Y. / Ciudad Real
En pleno diseño del próximo curso escolar, importantes sectores de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha se muestran cada vez más reacios a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y claman por su paralización.
La falta de consenso, el rechazo social y la escasa visión de futuro de la norma son algunos de los argumentos que sindicatos como UGT y CCOO esgrimen para apremiar al Gobierno de Rajoy a que impida de manera urgente el desarrollo de la reforma educativa.
El Gobierno castellano-manchego también está en contra de la ley, tal y como el propio presidente regional, Emiliano García-Page, avanzó al anunciar su paralización en la investidura como presidente el pasado 1 de julio.
“La Lomce no tiene consenso y fue aprobada de forma unilateral por el PP”, señaló Adolfo Muñiz, secretario provincial de FETE-UGT, quien precisó que de implantarse el próximo curso en Secundaria en 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato como estaba previsto “habría cambios significativos en cuanto a los planes de estudio y el profesorado”.
En este sentido, Muñiz lamentó “los gastos de las familias en nuevos libros, los nuevos itinerarios formativos para los docentes y las nuevas cargas lectivas, en las que la música, la plástica, la tecnología y la filosofía sufrirán un importante recorte”.
A su juicio, la aplicación de la ley “sería un error grave” porque no hay consenso político ni social, y porque Cospedal aprobó ‘in extremis’ el 22 de junio los decretos del currículum de Secundaria y Bachillerato para el desarrollo de la ley.
En contra
De su lado, Alfonso Gil, secretario general de la Federación de Enseñanza-CCOO de Castilla-La Mancha, aseguró que esta ley “ha puesto de acuerdo en su contra a todo el mundo, desde sindicatos, alumnos y familias familias”, hasta las comunidades autónomas como se puso de manifiesto Confederción Sectorial de Educación, “en la que doce comunidades estaban en contra, frente a cinco que la defendían”.
En su opinión, “lo más razonable es buscar el consenso en un texto que sustituya a esta ley”.
Gil mostró su preocupación por la “ampliación de la Formación Profesional Básica, la desaparición de programas de cualificación profesional, la disminución de recursos para atender al alumnado más diverso y otras cuestiones para las que no se necesitan recursos como es la selección de directores y el modelo centros, que es muy antidemocrática”.
Según dijo, CCOO no renuncia a la prioridad que deben ser “la equidad y la laicidad en la escuela pública”, a través de la enseñanza “de los valores que nos unen”, frente a “los de una confesión religiosa, que es una barbaridad”. También pidió la eliminación de las pruebas externas, “que no evalúan sino que miden un conocimiento previamente adquirido de forma memorística”.
Con todo, Gil espera que en los próximos días y antes de que acabe julio “nos llamen la consejera, Reyes Estévez, para negociar y para encarar el comienzo de curso”, tras haber mantenido algún “contacto informal” con la nueva responsable regional.
Ley ideológica
De su lado, Carmen Olmedo, delegada de la Junta en Ciudad Real, reclamó el “compromiso” de García-Page para la derogación de la Lomce, aunque es prioritario, a su juicio, que el Ministerio de Educación convoque el Consejo Territorial como marco para analizar el desarrollo y los potenciales cambios legales de la ley.
“Intentaremos por todos los medios, desde el punto de vista jurídico, la paralización de la ley y es un tema prioritario que tiene la consejera encima de la mesa”.
Para Olmedo, la ‘ley Wert’ es “netamente ideológica” y su adaptación “tendrá unas consecuencias dramáticas”, tanto en el ámbito docente, como en el curricular, por lo que “es un tema que creemos completamente inviable”.
La delegada provincial lamentó, igualmente, la falta de consenso” de la comunidad educativa y que la anterior presidenta regional aprobara ‘in extremis’ los decretos para ESO Bachillerato el 22 de junio. “Todo es un cúmulo de despropósitos, por lo que tenemos esperanza de que haya resquicios legales para paralizarla”.
Reapertura de cinco escuelas rurales
El Ejecutivo regional reabrirá en la provincia de Ciudad Real cinco escuelas rurales cerradas por el anterior Gobierno del PP.
La delegada provincial de la Junta, Carmen Olmedo, recordó la decisión del Consejo de Gobierno de ordenar la reapertura de 68 de estos colegios rurales en toda Castilla-La Mancha, y señaló que, en el caso ciudarrealeño, ya “hemos contactado con los regidores de cada pueblo para que nos informen de cómo están las instalaciones y de ver qué posibilidades hay para su reapertura”. “Antes del día 24 tienen que comunicar la situación que hay en cada municipio”, sostuvo, y recordó que “la ley dice que tiene que haber un mínimo de cuatro alumnos para que funcionen”.
De su lado, Adolfo Muñiz, secretario provincial de FETE-UGT, celebró el anuncio y mostró su posición favorable a esta recuperación de los colegios. “Nosotros lo hemos venido reivindicando desde que cerraron, porque fue un disparate”, opinó y agregó que “así se hunde un pueblo, pues si le quitas la escuela y el médico desaparece como pueblo”. Con todo, reconoció que las provincias más perjudicadas fueron Cuenca y Guadalajara.
En la misma línea se expresó Alfonso Gil, secretario general de la Federación de Enseñanza-CCOO de Castilla-La Mancha, quien calificó de “buena noticia” la oportunidad de que reabran estos centros rurales.
A su juicio, la decisión encabezada por García-Page “es una medida digna de elogio y no escatimamos nuestra aprobación, porque lo veníamos pidiendo desde hace cuatro años”.
También coincidió en que Ciudad Real “fue de las menos afectadas”, con media docena de cierres, frente a otros territorios como el conquense con numerosos cierres “por su propia orografía”.
