Belén Rodríguez
Ciudad Real
La polémica reforma de los registros civiles, que intentaron privatizarse en la pasada legislatura pero que siguen dependiendo de la administración de Justicia, sigue sin materializarse. La novedad ahora es que parece cercana una postura consensuada entre el ministerio y los sindicatos, que llevan años peleando porque siga siendo un servicio público, con movilizaciones incluidas.
La último es el compromiso del ministerio de mantener este servicio dentro de la administración de Justicia y atendido sólo por funcionarios de esta administración, tal y como reclaman los representantes de los trabajadores, aunque la responsabilidad la llevarán los letrados de la administración de justicia (antes secretarios judiciales), en vez de un juez, como hasta ahora.
Esto es lo que recoge la propuesta ministerial, que se vio el jueves en la segunda reunión de la Mesa Sectorial de Justicia de esta legislatura, de continuidad del equipo ministerial de Rafael Catalá.
“Creemos que esto se ha conseguido por las presiones sindicales y de los empleados públicos de la administración de Justicia”, explica Carmen Romero, coordinadora regional del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y presidenta de la junta de personal de justicia en Ciudad Real.
En esa misma mesa también se trató de que ya no habrá más prórrogas para la entrada en vigor de la Ley de 2011 (la que reforma los registros), “pero el ministerio propondrá su modificación para que se mantengan todos los registros civiles exclusivos actuales como oficinas generales de registro civil y que los juzgados que compatibilizan función de registro civil con funciones jurisdiccionales sigan haciéndolo, incluidos los juzgados de paz”, recoge una circular del sindicato STAJ.
También se mantiene todo el personal que actualmente presta servicio o realiza funciones de registro civil en unos y otros, asegura la misma fuente.
“Esperaremos a verlo publicado en el BOE”
En Justicia y Progreso, el sindicato más votado en las últimas elecciones sindicales en justicia en la provincia, desconfía de que este compromiso sea definitivo. “Nosotros hasta que no lo veamos publicado en el BOE no le damos crédito a nada. Ha habido demasiado movimiento con respecto a la reforma de los registros civiles”, explica Ricardo Rosales, miembro de este sindicato (una escisión de UGT) y secretario de la junta de personal de justicia en la provincia.
“Nosotros seguimos expectantes para ver en que queda ese borrador de proyecto de ley. No lo vemos claro”, dice.
En la Mesa Sectorial nacional están CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
