Belén Rodríguez
Ciudad Real
“Seguimos estando ante una privatización encubierta. La nueva reforma del registro que se propone aleja más a los ciudadanos de este servicio”, explica Ricardo Rosales, responsable del sindicato Justicia y Progreso en la provincia, que temen la entrada en vigor (30 de junio) de la controvertida ley 20/2012 por la que el Gobierno modifica los registros civiles.
Tras años de protestas, negociaciones y una vacatio, los sindicatos han conseguido el compromiso del Gobierno de que los registros no salgan de los juzgados, y eso será así, pero según Rosales la reforma indica que habrá una oficina central de trámites por comunidad autónoma y otra por cada 500.000 habitantes. En el caso de Ciudad Real, con esa población total, sería un registro para toda la provincia.
“Tememos que los ciudadanos, para conseguir aquello que ahora podían obtener de forma rápida en los juzgados de su localidad deban llevar a cabo grandes desplazamientos”, añade Rosales.
El sindicato ve otro problema añadido: que el registro público y gratuito sólo funcione para las inscripciones principales, y que aspectos como modificar errores o determinadas situaciones vaya desapareciendo y lo hagan registradores de la propiedad y notarios, “lo que hacen es vaciarlos de contenido”.
Bien dotados y con contenido
El sindicato Justicia y Progreso (no está en la mesa nacional que negocia con el ministerio esta polémica reforma), apuesta en un comunicado por un modelo de registros civiles “dotado de medios y contenido, que recupere las diversas materias que han salido de su ámbito a raíz de las últimas reformas legislativas, el trámite de los expedientes de nacionalidad española por residencia y de matrimonio civil”.
