La abogacía, daño colateral de la huelga de letrados de la administración de justicia que paraliza juzgados y tribunales de toda España desde hace más de ocho semanas, pide “una solución inmediata” al conflicto que está generando “una situación insostenible para el servicio público de justicia”, dicen en un comunicado del Consejo General de la Abogacía Española.
El texto, aprobado en el pleno del martes del Consejo, lo ha difundido el Colegio de Abogados de Ciudad Real preocupado desde el principio por la deriva de las suspensiones de juicios, vistas, demandas, cuentas de consignaciones, etc, e incide en el “irreparable perjuicio a decenas de miles de personas”.
Los 83 colegios piden un acuerdo
Los 83 colegios de la abogacía y el resto de miembros del pleno del Consejo exigen a las partes en conflicto “que intensifiquen al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata, que permita reactivar con la mayor celeridad un servicio público esencial para la ciudadanía”. Opinan que sería conveniente establecer un calendario acelerado y continuado de negociaciones.
“La prolongación de este grave conflicto muestra una vez más que es imprescindible avanzar en la cultura del acuerdo”. Al tiempo reclaman “que se cumplan de un modo efectivo los servicios mínimos por parte letrados de la administración de justicia, atendiendo a consideraciones de pura humanidad en aquellas tramitaciones y actuaciones urgentes que afectan de un modo especialmente grave a la ciudadanía”, y reclaman al ministerio que supervise esos cumplimientos.
También exigen a los secretarios judiciales que apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una antelación suficiente y, por tanto, nunca inferior a cuarenta y ocho horas. “Es la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía, y evitar así que se produzcan aún más gravámenes”.
Plan de recuperación de la actividad y de notificaciones
Por último, consideran que el Ministerio de Justicia, el CGPJ, y las comunidades autónomas con competencia transferidas y la abogacía y la procura preparen de forma proactiva un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia, para su despliegue inmediato tras la resolución de la huelga, a los efectos de recuperar los plazos de resolución previos. “Del mismo modo, deberá establecerse un sistema escalonado de notificaciones, para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía”. Y avisan, “han de evitarse medidas que en el pasado se han mostrado absolutamente ineficaces e inútiles como la habilitación de periodos inhábiles”.