El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha ha expresado su “profundo malestar” por la puesta en marcha por parte del Gobierno regional de un servicio de asistencia psicológica y jurídica gratuita a las víctimas de agresiones sexuales de la región para completar la actuación que se realiza desde los Centros de la Mujer por un importe de 230.000 euros, recordando que esta asistencia “se cubre de forma gratuita por los seis colegios de abogados existentes en la región”.
El Consejo ha recordado en nota de prensa que, en virtud del convenio firmado con el Instituto de la Mujer de la región, está cubierta la asistencia letrada en juicio a mujeres víctimas de violencia sexual, cuando no sea amparada por la asistencia jurídica gratuita en procesos iniciados por mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, acoso sexual y acoso por razón de sexo y en los procesos de mujeres que han sido víctimas dentro del territorio de Castilla-La Mancha de trata con fines de explotación sexual, prostitución o comercio sexual, afirmando que en la actualidad dicho convenio está pendiente de firmar la correspondiente prórroga.
Mujeres víctimas de violencia sexual
“En esta asistencia jurídica estarían incluidas mujeres víctimas de violencia sexual empadronadas en Castilla La Mancha o mujeres víctimas de violencia sexual no amparadas por la asistencia jurídica gratuita como se ha especificado anteriormente, las cuales estarían asistidas por abogados pertenecientes a los turnos de oficio especiales de violencia de género existentes en los colegios de abogados”, ha detallado el Consejo.
Por todo ello, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, máximo órgano representativo en el ámbito autonómico de los Colegios de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo ha expresado su malestar por este nuevo servicio, insistiendo en que “la asistencia jurídica gratuita en España está garantizada por los colegios de abogados, según se recoge en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”.
Nivel de calidad y competencia
Además, ha señalado que los colegios de abogados establecen requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios, con objeto de asegurar “un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa”.
Para concluir, el Consejo ha manifestado que, con la participación de todos los colegios de la región, se llevarán a cabo las gestiones y actuaciones necesarias al objeto de “defender y mantener un servicio que se presta por los colegios de abogados a través de los turnos especiales de violencia de género”.
