A.B.C.
Ciudad Real
La ampliación de la vivienda que el matrimonio formado por Alejandro Aznar y Mónica Oriol se están construyendo en pleno Parque Nacional de Cabañeros está valorada en cuatro millones de euros.
Según fuentes municipales consultadas por Lanza, el proyecto de estas obras, que ha sido denunciado por varias organizaciones ecologistas por considerarlo “ilegal”, fue dado a conocer en un pleno municipal en el que se desestimó porque la corporación municipal consideró que se había estimado el valor de las obras muy por debajo de su coste real.
Según estas fuentes, la familia del naviero Alejandro Aznar había solicitado una licencia de obra por valor de 1,8 millones de euros, que le fue denegada y que, supuestamente, le habría sido concedida cuando el proyecto se revaloró en 4 millones de euros. El Ayuntamiento de Alcoba de los Montes no ha querido confirmar ni desmentir si estos trabajos contarían o no con la correspondiente licencia de obras, por la que el Ayuntamiento habría podido recibir unos 80.000 euros, el 2 % del importe total del proyecto.
Por otro lado, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, como representantes de todas las organizaciones ecologistas de ámbito estatal en el Patronato del Parque Nacional de Cabañeros, han enviado al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sendas denuncias en relación a estas obras.
Los ecologistas han subrayado que estas obras se han realizado eliminando vegetación y ocupando una zona de dominio público como es la cañada Real Segoviana, sobre la que se ha ejecutado una pista con una banda de afección de unos seis metros de ancho.
Las cinco grandes organizaciones ecologistas españolas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF esperan que tras las denuncias presentadas ante el OAPN y el Gobierno autonómico se realice una investigación en profundidad de los hechos y se informe de cómo es posible que se lleguen a ejecutar unas obras de tanta importancia y tan impactantes en un parque nacional.
Asimismo, las ONG han solicitado la paralización inmediata de las obras y, una vez se lleven a cabo los procedimientos penales y sancionadores a que hubiere lugar, se restituya y se indemnice el daño causado al Parque Nacional de Cabañeros.
A juicio de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, actuaciones como ésta y otras denunciadas en fechas recientes, como el cierre de senderos para realizar monterías o la construcción de vallados cinegéticos, son ejemplos de mala gestión por parte de los titulares de fincas privadas en parques nacionales.
Las ONG esperan que la reforma de la Ley de Parques Nacionales, actualmente en el Senado, asegure que los criterios de conservación prevalezcan en estos espacios de gran valor natural.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado apuntan en dirección contraria y, aunque ya ha habido propuestas de mejoras sobre la enmienda 278 presentada inicialmente, han señalado que «estas no son suficientes para que prevalezca el interés general de los parques nacionales y se erradiquen los intereses particulares».
