Además, esta organización empresarial forma parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), organización mayoritaria del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), “lo que amplifica el alcance de sus reivindicaciones y servicios en beneficio del sector”.
Reivindicaciones y servicios que se han visto multiplicados este último año, en el que reconocen “no ha sido fácil y el caos generado durante los primeros meses de pandemia nos ha hecho más que nunca estar con los nuestros, siempre disponibles para atender sus consultas y alzar más alto la voz ante la Administración en pro de las necesidades del transporte”.
Dentro de estas reivindicaciones, cabe destacar la reclamación de ayudas específicas para el sector, además de la exención o moratoria de impuestos y tasas o la flexibilización de medidas que faciliten la labor de los transportistas, como la apertura de locales hosteleros, durante el “nivel III reforzado” decretado en nuestra región.
Además, y siendo éste “un sector esencial para la provisión y abastecimiento del tejido empresarial y, en general, la sociedad”, desde la ATM se ha solicitado a la administración regional que los transportistas sean incluidos en el protocolo de vacunación cuanto antes.
Conscientes de que una de los muchos lastres que el sector viene arrastrando es la deslocalización y el fenómeno del “dumping social”, recuerda que son puntos de reivindicación histórica llevada a cabo desde la CETM y que se espera sean resueltos con la efectiva aplicación del Paquete de Movilidad, recién aprobado en julio de 2020, que impondrá importantes cambios sobre estas cuestiones y otras, como la limitación del cabotaje.
Finalmente, el pasado 1 de diciembre, tal y como se informó a los asociados de esta organización, tuvo lugar la reunión de presentación a las asociaciones nacionales de transportistas el Plan Nacional de Inspección para el sector del Transporte por carretera para el año 2021, que continuará la inspección de transportes por carretera de las empresas de transporte extranjeras que operan en España, en especial de las empresas deslocalizadas que operan en España (denominadas «empresas buzón»).
Con ello se viene a dar cumplimiento a la Directiva Europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera, que obliga a los Estados miembros a realizar controles dirigidos a las empresas clasificadas como de mayor riesgo. Dicha actuación inspectora ya se ha venido desarrollando desde el año 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, especialmente la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.
La anterior regulación normativa limitaba las posibilidades de control a esas empresas, por lo que tras la aprobación del paquete legislativo europeo de movilidad permitirá a la Inspección de Transporte un control más exhaustivo y eficiente hacia las empresas extranjeras deslocalizadas que operan en España.
