Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han asegurado que el servicio de justicia gratuita «es clave tanto para la tutela de los derechos de las personas como para garantizar la equiparación real de todos ante la ley, y han destacado que gracias a los abogados de oficio, no solo la justicia se atiende, también la igualdad, puesto que las personas más desfavorecidas encuentran en su seguimiento y asesoría el cauce imprescindible para hacer valer los derechos en las mismas condiciones que aquellos que pueden pagarse una asistencia letrada», indica el PP en nota de prensa.
Y es que, según denuncian los diputados ciudadrealeños, «el malestar organizativo de la oficina judicial, es decir, de la ‘administración de la Administración de Justicia’”’, es cada día más patente, ya que el deterioro de la atención pública hacia los problemas de los colectivos que trabajan en el ámbito judicial se manifiesta de manera recurrente desde hace cinco años: a las huelgas y movilizaciones del personal de gestión, se han sucedido las de los secretarios de la administración de justicia y, en la actualidad, las de los abogados del turno de oficio”.
Apuntan Fúnez y Belda que «no se trata solo de la cantidad de dinero que reciben los abogados del turno de oficio, ‘muy baja’ y que demanda, además, una equiparación conjunta en España, sino que es necesario que se perfile a largo plazo un estatuto fortalecido de este tipo de asistencia letrada, si lo que se pretende es proteger los mínimos de calidad asistencial que la ciudadanía demanda”.
Asimismo, denuncian que el Ministerio de Justicia, “es un hecho constatable por medios de comunicación, sindicatos, asociaciones profesionales, colegios de abogados y ciudadanía en general, ha permanecido primero en la inacción, para después bloquear o cercenar el debate con la representación del colectivo y, junto con el Ministerio de Hacienda, rechazar cualquier mejora retributiva».
“Si una persona con medios puede pagar diez por un abogado, y el Estado va a pagar dos a un letrado de oficio y con un retraso de varios meses o incluso años, la vulneración de derechos de los asistidos será mucho más frecuente”.
Los diputados del Partido Popular han finalizado asegurando que esta situación, tal y como han denunciado en tantas otras ocasiones en los últimos meses, «demuestra que las grandes apelaciones a la igualdad social que nos regala el Gobierno, se desmoronan en la realidad cuando se desciende a analizar cada uno de los aspectos de la gestión ordinaria».
