El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha explicado que la mesa de contratación, tras examinar las ofertas presentadas por los licitadores, ha comprobado que todas ellas incumplían los requisitos exigidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Moraleda ha asegurado que no sabría calificar si es un «éxito o un fracaso» el resultado de esta oferta de compra de derechos, aunque ha advertido que, visto que las siete ofertas presentadas incumplían el pliego de condiciones, lo que no iba a permitir en ningún caso la CHG es que «nos colaran comprar humo».
Para la valoración de estas propuesta, la CHG visitó todas las explotaciones, quedando demostrado que «no estaban operativas, cuando unas de las condiciones que exigíamos era que el aprovechamiento estuviera en explotación», ha dicho.
«En la mayor parte de los casos no se acreditó que se estuviera usando el agua para riego, sino que, incluso, se observó que no había sistemas de riego instalados, por lo que obviamente no íbamos a adquirir un derecho que no estaba en explotación y nuestro objetivo era comprar derechos que pudieran contribuir a la recuperación de los niveles de agua de los acuíferos del Alto Guadiana», ha aclarado.
Sobre si el precio ofertado de 5,25 euros el metro cúbico de agua propuesto a raíz de las estimaciones realizas por el propio organismo de cuenca había evitado que se presentaran más ofertantes, ha reconocido que podría ser, si bien, ha justificado, «la CHG no quiere entrar en una guerra de especulación por el precio del agua, sino pagar un precio justo».
Y ha reflexionado que llegar a las cifras a las que algunos regantes pretenden vender sus derechos, a 20-30 euros el metro cúbico de agua, «es algo disparatado» teniendo en cuenta que la dotación máxima son 2.000 metros cúbicos por hectáreas, lo que parecen unas cifras desorbitadas.
En todo caso, Moraleda ha insistido que la CHG va a estudiar volver a sacar en el primer trimestre del 2023 una nueva oferta de compra de derechos de agua, quizás subiendo un 10 % el precio de adquisición, para ver si en esta ocasión existen más regantes que opten a vender sus derechos.
Ha informado que la confederación está trabajando en otras medidas alternativas para la recuperación de los niveles de agua de los acuíferos en el Alto Guadiana. «Tenemos un presupuesto muy importante de 63,5 millones de euros para este fin, que podemos emplear durante el ciclo de planificación hidrológica 2022/2027, y tenemos pensadas otras medidas alternativas a la compra de derechos que pueden ayudarnos a este fin».
Moraleda, finalmente, ha lamentado el poco a apoyo que esta iniciativa ha recibido de las Comunidades de Regantes de las Masas de Aguas Subterráneas (CUAS), desde dónde ha reconocido, «se animó a los comuneros a no participar en la venta de derechos de agua».
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
El acta de la sesión de la mesa de contratación en la que se valoró la documentación presentada para elevar a la presidencia del Organismo la propuesta de adjudicación o exclusión de las ofertas de compra recibidas, se comprueba que muchas de estas explotaciones no habían efectuado riego durante al menos 3 de los últimos 5 años.
Los técnicos pudieron comprobar que los aprovechamientos que tenían instalado contador volumétrico, algunos de ellos mostraban consumos nulos, sin que las instalaciones estuvieran conectadas a sistema de riego alguno.
Además, en algunas explotaciones se pudo comprobar que no existen cultivos ni sistemas de riego, ni tampoco se detectaron sistemas de alimentación energética a la captación.
En otros casos se comprobó que los aprovechamientos estaban incurso en el supuesto de extinción por caducidad por falta de uso.
Finalmente, se detalla que algunos aprovechamientos están incluido en dominio público hidráulico cartográfico, lo que es motivo de exclusión en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que en algunos existía discrepancia entre titularidad del aprovechamiento y la titularidad registral y catastral de la finca.
