La subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María de los Ángeles Herreros Ramírez, ha presido esta mañana la Comisión Provincial de Flujos Migratorios para analizar las estrategias coordinadas de la próxima campaña de la aceituna.
Previamente se ha hecho una valoración de las campañas pasadas de la vendimia, ajo y productos hortofrutícolas, en la que se ha destacado las labores de vigilancia para que no se produzcan asentamientos de temporeros sin las adecuadas necesidades de alojamiento que precisan, así como del control de sus condiciones laborales con los empleadores.
Así, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con la Inspección de Trabajo han venido desarrollando su labor para detectar contrataciones ilegales y vulneración de derechos de los trabajadores.
Los grupos GOMIX, en los que están integrados efectivos de la Guardia Civil y de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en coordinación con la Inspección de Trabajo en materia de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para detectar contrataciones ilegales y vulneración de derechos de los trabajadores han realizado 28 inspecciones en localidades de la provincia dependiendo de las distintas campañas agrícolas.
La subdelegada María de los Ángeles Herreros ha expresado la «importancia» de la comunicación y el diálogo en estas reuniones para la coordinación, y que se genere así un «óptimo» funcionamiento de las campañas, tal como ha venido sucediendo.
«Es objetivo y responsabilidad de todos que las condiciones en el sector agrario tanto para los trabajadores como para las empresas sean las más optimas posibles porque esto nos está permitiendo avanzar positivamente en un sector que es clave para la generación de puestos de trabajo en muchos de nuestros municipios y que es uno de los pilares de la economía de la provincia», ha destacado Herreros.
La reunión, presencial en esta ocasión, ha contado con la asistencia de los jefes de las Dependencias de Trabajo e Inmigración, Extranjería, INSS y el SEPE por parte de la Administración General del Estado, así como representantes de la Junta de Comunidades, de organizaciones sindicales, agrarias y cooperativas agroalimentarias, (CCOO, UGT, ASAJA) y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional).
