La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, explicó ayer en las Cortes que el proyecto de explotación minera para el Campo de Montiel -en fase de estudio de impacto ambiental- no afecta a 27.000 hectáreas sino a 300 de los términos de Torrenueva (en mayor parte) y Torre de Juan Aba, para las que la empresa Quantum cuenta con licencia.
Así lo explicó en respuesta a la pregunta oral que le formuló el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, que en el pleno de este jueves le preguntó por el plan estratégico del Gobierno regional relacionado con la explotación minera de tierras raras en la zona.
La consejera desmintió que exista un plan estratégico de la Junta de Comunidades para tierras raras, porque la Administración regional “no puede ser nunca promotor” y detalló que son las entidades privadas las que promueven iniciativas de investigación y explotación de los proyectos.
“No estamos siendo opacos en este asunto, porque no tenemos nada que esconder. Nos estamos reuniendo con vecinos de la zona y con las plataformas surgidas que están en contra de este proyecto y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró la consejera.
Explicó que se trata de seis proyectos, tres de ellos en fase de investigación, que cuentan con un plazo de tres años y una prórroga de dos. En el caso de dos de esos proyectos la empresa solicitante ya ha desistido y el permiso ha caducado, de tal modo que el pasado martes ella misma firmó el procedimiento de caducidad.
“Sólo queda uno restante, en la zona de Campo de Montiel, que ha solicitado concesión de explotación derivada del permiso de investigación y que está en fase de estudio de impacto ambiental. Pero el Gobierno no va a autorizar ningún proyecto que incumpla la normativa de impacto ambiental”.
Previamente, el parlamentario de Podemos acusó al Ejecutivo regional de no estar informando ni adoptando las medidas de evaluación adecuadas en relación al plan estratégico de minería de tierras raras, pues el Ejecutivo ha abierto el el trámite de consultas previas para solicitar el estudio de impacto ambiental para tres proyectos. “Pero estos tres proyectos son sólo una parte de diez que constituyen el plan de explotación minera iniciado por el anterior Gobierno del PP”, alertó.
