El pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea fija como límite para los Estados un 3 por ciento de déficit público y un endeudamiento que no supere el 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Desde la llegada del Covid estas reglas fiscales están paralizadas y la Comisión Europea ha decidido que sigan en suspensión en 2023 debido a la guerra de Ucrania y sus efectos, pero tarde o temprano entrarán en vigor.
Juan José Rubio, economista y catedrático de la UCLM, señala que en España la deuda pública llega al 118% y el déficit está en el 5%, por lo que de cara a 2024 “deberíamos tener ya un plan de consolidación presupuestaria para ajustarnos a parámetros de normalidad”. “Por lo menos para ajustarnos a los datos previos a la crisis: 100% de deuda pública y 3% de déficit público”, señala.
Además, Juan José Rubio señala que la eliminación de las medidas de política expansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE) van a producir un incremento en los tipos de interés que significarán un incremento en la carga de deuda pública. “Más leña al déficit y al endeudamiento”, señala.
¿A qué puede afectar el ajuste presupuestario?
Todo parece indicar que cuando vuelvan estas reglas “tendremos que hacer un ajuste presupuestario de enorme magnitud”, reconoce Rubio. Pero lo cierto es que existe “poco margen de maniobra”, pues el 70 por ciento del presupuesto de la Administración está consolidado. El economista señala que “al final habrá que recurrir a dos elementos: los sueldos de los funcionarios y la inversión pública”.
Ya ocurrió en el pasado. En 2011, en plena crisis, el Estado dejó de pagar una extra de Navidad y se congeló el suelo a los funcionarios. Con respecto a la reducción del gasto en inversión pública, Rubio avisa que paralizarla es “grave”, porque es un elemento de crecimiento económico. El profesor no descarta que se apliquen medidas similares a las que se aplicaron en la crisis de 2007.
“Probablemente habrá que aplicar medidas quirúrgicas, que pueden ser sangrientas a veces, incluso algún recorte en el ámbito sanitario o en la educación”, añade. De aplicarlas, Rubio reconoce que serán después de las elecciones, en 2024. El economista cree que ahora mismo, “tanto los gobiernos de las comunidades autónomas como el central están dando patada hacia delante y que el que venga atrás arregle el problema”.
