El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado este viernes, con los votos a favor del Grupo Socialista y en contra del Popular, la ratificación de la modificación de los estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de la provincia de Ciudad Real.
El Grupo Popular basó su voto negativo en defecto de forma en la tramitación y, en especial, por la posibilidad de acordar unos estatutos más acordes a la ley y del gusto de todos.
Al respecto Julián Nieva, diputado provincial presidente del SCIS, contestó que los estatutos se han confeccionado respetando la legislación y consideró que la queja del Grupo Popular procede de la reducción del número de miembros de la asamblea del SCIS que, atendiendo a una normativa de 2013, pasará de los treinta actuales a un máximo de doce.
En este sentido Nieva apuntó que si en la anterior asamblea el PP, atendiendo a los resultados de las elecciones municipales, contaba con un 8% de representación, en la próxima asamblea contará con dos miembros de los doce, un 16,6% de representación. Por último Nieva afirmó que el SCIS necesita la colaboración de todos.
En concreto este trámite estaba pendiente desde el ejercicio de 2014 motivado por una normativa legal que entró en vigor en 2013, por lo que la modificación que se ha llevado a cabo era necesaria y obligatoria. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece en su disposición final segunda que los estatutos de los consorcios determinarán la administración pública a la que están adscritos, así como su régimen orgánico, funcional y financiero. Estas modificaciones se deberían haber acometido en el plazo de un año desde el 31 de diciembre de 2013, cuando entró en vigor la normativa.
Otro punto aprobado fue el convenio que regula la relación que se establece con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan como consecuencia de la asunción, por parte del Servicio Provincial de Recaudación, de la gestión de los tributos municipales de esta localidad.
Inversión en municipios
Además el Pleno ha aprobado inversiones en pueblos por valor de 442.000 euros. Son siete en esta ocasión los municipios que reciben apoyo económico para la realización de actuaciones que tienen que ver con la mejora y el acondicionamiento de espacios y edificios públicos, equipamiento y mobiliario, sustitución de alumbrado, pavimentación y rehabilitación de espacios deportivos, entre otras actuaciones.
Además el Pleno de la institución provincial ha procedido a la aprobación de la Cuenta General de 2018, que arroja un superávit de 72 millones de euros, con el voto contrario del Grupo Popular. El diputado popular Adrián Fernández argumentó el sentido del voto basándose en un informe técnico de Intervención en el que se detallaba un “colapso” en la administración.
Al respecto la interventora de la Diputación aclaró que ese colapso puntual se debió a la aplicación de modificaciones de la Ley de Contratos, que originó un cuello de botella en la administración, ya solventado.
Por su parte Caballero ha calificado de “incoherente” el voto desfavorable de la oposición porque la Cuenta General engloba todas las actuaciones que ha llevado a cabo la Diputación durante 2018, de las que el 99’9 por ciento obtuvieron el respaldo del Grupo Popular. Consideró que en el sentido del voto tiene mucho que ver “con que estamos a las puertas de unas elecciones y se sienten incómodos en el acuerdo”.
Ha añadido que “no tiene ni lógica ni sentido” votar en contra cuando la institución provincial gestiona más recursos y presta más apoyo que nunca a los pueblos y a los ciudadanos de la provincia. Y, además, es solvente y no debe nada a los proveedores, ni a los ayuntamientos ni a los bancos.
Otros puntos
Otro punto incluido en el orden del día que ha recibido el apoyo mayoritario de la Corporación provincial llegado el momento de emitir el voto es la creación de una plaza en la plantilla funcionarial delegado/a de Protección de Datos. Se da de esta manera cumplimiento a lo establecido en el artículo 37.1 del Reglamento de la Unión Europea 2016/79, de 27 de abril de 2016, en Protección de Datos, adaptado al ordenamiento jurídico español a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Con la creación de esta plaza el Equipo de Gobierno pretende que se preste servicio en esta materia a la Diputación de Ciudad Real y a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que lo soliciten.
Sobre este punto el Grupo Popular dudó sobre la idoneidad del procedimiento elegido para cubrir ese puesto de trabajo, el concurso singularizado, para evitar dudas y suspicacias. Al respecto la diputada responsable de Personal, Jacinta Monroy, consideró que es el procedimiento más adecuado para cubrir esta plaza y que otra cosa distinta sería la concesión de la plaza, para la que se usan otros procedimientos como la oposición o el concurso-oposición.
Comité de Seguridad y Salud
Asimismo, durante el Pleno se ha dado cuenta de los diputados y diputadas provinciales que integran el Comité de Seguridad y Salud atendiendo a las designaciones que han comunicado los grupos políticos que cuentan con representación en la institución provincial. El grupo socialista ha propuesto Jacinta Monroy Torrico, Mariano Ucendo Díaz-Pintado y Petra Sánchez Bonales, mientras que el grupo popular ha comunicado que Mercedes Escabias Pinto y Cortes Valentín González formarán parte del citado órgano.
