La Diputación provincial de Ciudad Real va a destinar casi dos millones de euros a potenciar la inclusión digital de todos los municipios y pedanías de la provincia a través de la instalación de 597 puntos de acceso a internet, que incluyen tres ordenadores y sus periféricos -teclados, ratones, lectores de tarjeta, pantallas con cámaras, impresora y conexión a wifi-, para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y a la digitalización a través de los 104 consistorios de la provincia.
Esta inversión -que suma 1.870.000 euros para los puntos de acceso y 250.000 euros para comprar el mobiliario donde se instalarán- va a posibilitar que la Ciudad Real sea una de las mejor comunicadas de España “gracias a que es la provincia donde más puntos se van a instalar porque, en estos tiempos, acceder a las nuevas tecnologías es fundamental para luchar contra la exclusión social y para facilitar el desarrollo económico y la inserción laboral”, ha subrayado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero.
En este sentido, ha equiparado lo que antes suponía el analfabetismo al leer y escribir con lo que hoy en día conlleba el analfabetismo digital “contra el que hay que luchar, para lo que vamos a trabajar con el objetivo de que hasta la pedanía con menos habitantes tengan la oportunidad de disponer de este punto de inclusión digital”.
Funcionamiento del programa
La vicepresidenta de Economía Lidia Molina, por su parte, ha explicado que la inversión en este ambicioso proyecto procede en parte de fondos FEDER que ha concedido la Junta y que serán los ayuntamientos, que habrán de manifestar su interés en la puesta en marcha de los puntos de inclusión digital (PID) que les corresponden, los que concreten el lugar y el espacios físicos donde tienen que ser instalados, que deberán coincidir con zonas de fácil acceso al público, para que el material informático esté a disposición libre y gratuita de todos los vecinos y vecinas.
La convocatoria permitirá la instalación de 1.800 ordenadores conectados a internet en el territorio ciudadrealeño, siendo la Diputación de Ciudad Real -como ha recordado José Manuel Caballero- la que ha solicitado más puntos ya, que Guadalajara ha decidido no sumarse, con 597; Cuenca con 337; Toledo con 209; y Albacete con 88; por lo que el territorio provincial se hace con más del 50% de los PDI que se van a instalar.
Además, hay que sumar a estas acciones de fondos FEDER y de una modificación de créditos que hoy ha aprobado el Pleno que suman 375.000 euros, se van a poner en marcha otras acciones como 165.000 euros para subvenciones nominativas a ayuntamientos; 188.000 para actividades propias de la institución provincial como la Muestra provincial de Teatro, el 125 aniversario del Palacio Provincial, iniciativas deportivas o cursos sobre los desfibriladores; y 63.000 más para asociaciones y colectivos de la provincia.
Por su parte, el portavoz del PP, Adrián Fernández, se ha congratulado de la iniciativa si bien ha criticado que se quiera poner en valor al Gobierno regional “cuando se va a financiar con fondos FEDER y de la Diputación” a través de la modificación de crédito aprobada.
Ruegos y pregunas en el Pleno de la Diputación
En un pleno marcado por la unanimidad, el Grupo Municipal Popular ha aprovechado los ruegos y preguntas para plantear cuestiones relacionadas con el Plan de Caminos porque, ha defendido el viceportavoz David Marín, “no se pone en marcha porque la Junta no tiene dinero” y llega un momento en el que se está en plena cosecha y después llegará la época de lluvia, “de forma que vamos en contra de los intereses de los agricultores por lo que ruego que le exijan a los suyos que lo pongan en marcha y les pregunto que cuando lo van a ejecutar, aunque prefieron que no me contesten si no es con datos”.
El vicepresidente de Obras, Manuel Martínez Alcorocho, ha remitido a Marín a la informqación que ya se les ha remitido en otras ocasiones y ha desmentido que no se inicie el Plan de Caminos por falta de recursos del Gobierno regional porque ya los tenía dispuestos cuando se firmó el convenio.
Marín ha demás ha preguntado si en lo que va de legislatura no ser ha puesto ningún reparo a los procesimientos del equipo de Gobierno o es que no se habían pasado por pleno, a lo que el propio presidente de la Diputación ha respondido que, en lo que va de legislatura, no ha habido ningún reparo.
Demanda a la madre de un niño con discapacidad
En otro orden de cosas, el diputado del PP Diego Ortega se ha referido a la denuncia que el alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres, ha anunciado que va a interponer contra la madre de un niño con discapacidad que denunció en este medio que su hijo no podía asistir a la Escuela Municipal porque el Ayuntamiento no contrataba un monitor, ha lamentado que fuera una “noticia falsa” y que se tratara de perjudicar a Torres sin dejar que diera su versión.
Sin embargo, Lanzadigital.com recogió la versión del alcalde el mismo día que la de la madre -el pasado lunes aunque hasta ahora, coincidiendo con el nombramiento de Ciudadano Ejemplar de Lanza con los votos del PP en Ciudad Real- no se haya intentado sacar la polémica.
Torres expuso su versión que se publicó en cuanto atendió a Lanza por teléfono -y cuya grabación está archivadda- ya que por la mañana ni cogió el teléfono ni devolvió la llamada pese a que se comunicó a su partido que se iba a publicar la noticia y que no había atendido la llamada de este periódico.
Sobre este tema, el presidente de la Diputación ha señalado que no se puede cuestionar al medio de comunicación por atender a la carta de queja de una madre y después dar la versión del Ayuntamiento, al tiempo que ha recordado que puede no gustarle al PP lo que se publica “igual que a mi tampoco me gusta todo lo que se publica en este y en otros medios, pero tienen libertad para hacerlo”.
Finalmente, un pleno que había transcurrido con tranquilidad, se ha caldeado cuando el diputado del PP Carlos Martín de la Leona ha vuelto a preguntar diversas cuestiones relacionadas con el proceso de despido de los bomberos de Emergencia Ciudad Real, a lo que el responsable del SCIS, Julián Nieva, ha señalado que todo el proceso se ha seguido atendiendo a resoluciones judiciales, que las preguntas que había hecho ya estaban contestadas -lo que ha motivado la indignación de algunos de los afectados presentes- y qiue fueron sendos informes los que señalaron que las reunicaciones supondrían prevaricación.
