La empresa Residuos Sólidos Urbanos, SA. (RESUSA) quiere manifestar que, en todo momento, ha atendido la mayor parte de las pretensiones planteadas por el Comité de Empresa en la negociación del Convenio Colectivo, con el esfuerzo que conlleva para nuestra entidad, ya que la Asamblea General del Consorcio RSU decidió congelar un año más las tasas a los Ayuntamientos, para que, a su vez, estos no tengan que subirlas a sus vecinos, beneficiando de esta manera las economías familiares de nuestra provincia.
Considera injusto, igualmente, que se cuestione por el comité de empresa las condiciones laborales cuando RESUSA, empresa a la que pertenecen los trabajadores de recogida de residuos de RSU, tiene en la actualidad uno de los mejores convenios laborales de toda su historia.
La dirección de RSU quiere aclarar:
Primero: que ha accedido a la solicitud de la parte social del incremento salarial máximo que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, casi un 2%, de una manera lineal para todos los trabajadores de la plantilla.
Segundo: que se accedido también a la propuesta de la parte social, para pagar el 100% de prestación por incapacidad temporal desde el primer día de baja si el trabajador está hospitalizado, asumiendo, por tanto, aquella parte que no cubre la Seguridad Social.
Tercero: también se ha accedido, por parte de la dirección de la empresa, a la propuesta de los sindicatos en cuanto al incremento del 0,3% de los complementos salariales, según el reparto que determine el Comité de Empresa.
En cuanto a la propuesta en relación con implantar, de manera inmediata, la jornada de 35 horas laborales para todos los trabajadores. La dirección contestó, por su parte, que aceptaba esa nueva jornada siempre y cuando se hiciera de una manera escalonada. En concreto, se propuso a la parte sindical que esa aprobación se produjera a partir de la próxima Asamblea que surgiera de las próximas elecciones municipales, con el objetivo de no dejar hipotecada a las nuevas corporaciones que se puedan constituir en mayo próximo.
Siempre teniendo en cuenta que cualquier decisión de este tipo, por el alto coste que ello supone, en torno a un millón de euros, requiere cumplir con los requisitos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, y por tanto, requiere de una autorización explícita por parte de las autoridades fiscales correspondientes.
La dirección de RSU quiere aclarar igualmente que no ha dejado de realizar las inversiones necesarias para el buen funcionamiento del servicio, incrementado la plantilla y los niveles salariales así como acreditar que está trabajando en proyectos de futuro para la empresa. Y todo ello, también, cumpliendo las medidas medioambientales que permanentemente se han introducido en la legislación española cada vez más exigente en materia medioambiental, entre otras con la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de RSU en doble turno.
Por supuesto señalar además que siempre se ha expresado la buena voluntad de la empresa para mantener un diálogo permanente con la representación de los trabajadores, aunque lamentamos que, en el día de hoy, la parte social no aceptara la propuesta del Jurado Arbitral Laboral de establecer un calendario de negociación