La Fiscalía de Castilla-la Mancha ha archivado la denuncia que la Plataforma de Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha presentó hace varios meses contra el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el viceconsejero de Agricultura, Agapito Portillo, por una presunta información privilegiada.
Según el decreto de la Fiscalía, publicado el pasado día 22 de mayo, al que ha tenido acceso Lanza, los hechos que se imputan en la querella se recogen “de una manera vaga e imprecisa”, sin contextualizar “las circunstanciasen tiempo y lugar”, elementos que “impiden conformar una imputación de manera definida”.
La plataforma demandante, que podrá presentar querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, elevó la denuncia al considerar que el borrador de la nueva convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica había sido filtrada a algunas empresas o entidades, en detrimento de esta asociación.
Al parecer, según estos agricultores ecológicos, las sociedades favorecidas habrían dado información diferente a la que aparece en el Plan Estratégico de la PAC, por lo que entendían que la información privilegiada “procedía de la propia Consejería de Agricultura”.
El elemento ilícito sería, según los denunciantes, “tener conocimiento previo de las condiciones para la obtención de las ayudas, con ventaja en cuanto a la provisión de los requisitos exigidos”.
Pero según el decreto de la Fiscalía, los denunciantes no concretan “ni a qué convocatoria se refiere, ni las entidades supuestamente privilegiadas, ni qué tipo de información se les ha facilitado”.
Del mismo modo, la plataforma “tampoco pone de manifiesto qué tipo de actividad profesional o asesoramiento permanente o accidental se ha realizado ni respecto de qué entidades”. Igualmente, tampoco “no ofrece ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la realidad de los hechos denunciados”, pues tan solo “se limitan a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo” que respalde los hechos.
Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos denunciados “no son constitutivos de infracción penal alguna”, y “procede al archivo de las actuaciones”.
