La criminalidad en la provincia de Ciudad Real siguió a la baja en 2017, tal y como reflejan los datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, recogidos por la Fiscalía provincial, cuyo titular, Luis Huete, ha dado a conocer este jueves.
En la presentación de la memoria anual de 2017, Huete ha denunciado “la carga de trabajo” de este cuerpo en la provincia -con 22 fiscales-, “una de las mayores de España”, y ha reclamado más personal, tanto en número de fiscales, serían necesarios cinco más, como de funcionarios, con el fin de resolver con solvencia los procedimientos en los distintos ámbitos judiciales.
En concreto, la ratio provincial, de 4,32 fiscales por 100.000 habitantes, está un 20% por debajo de la media nacional, situada en el 5%.
En 2017 disminuyó, ha informado Huete, un 11,8% el número de diligencias previas los juzgados de lo Penal –como ya viene ocurriendo desde 2013- hasta las 16.694, frente a las 18930 del año anterior, debido, como se notó en 2016, a que ya no se remiten a los juzgados las denuncias por delitos sin autor conocido.
De hecho, en 2015 se incoaron 30.844 procedimientos y se sobreseyeron 19.763, el 60%, mientras que de la cifra de 2016 furon suspendidos por falta de pruebas el 41%, 6.900.
De la misma manera, la Policía Nacional registró un 5% en la cifra de delitos graves y menos graves, de 2.535 a 2.406, mientras que los leves cayeron un 2,6%, de 2.921 a 2.844.
Con similar tendencia, la Guardia Civil contabilizó en 2017 3.945 delitos graves y menos graves, un 12% menos, frente a una subida del 9% en los leves, de 2.902 a 3.163.
Huete, que ha comparecido acompañado por la teniente fiscal Carmen Mendiola, ha destacado “un aspecto positivo” como es el descenso de las diligencias previas pendientes, pues si en diciembre de 2017 había 3.779 diligencias por resolver en todos los juzgados, en diciembre bajó a 3.190.
Los procedimientos abreviados también disminuyeron, en este caso un 18,1%, de 2.265 a 1.854, aunque hubo más escritos de acusación, de 1.501 a 1.357.
Las diligencias urgentes (juicios rápidos que se resuelven en 15 días) también bajaron en 2017 en la provincia, con un 4,3% menos (de 1.795 a 1.718), así como también, ha dicho Huete, hay menos calificaciones (de 990 a 1.043) y más sentencias de conformidad, que vienen aumentando desde 2013, 838 en 2017 respecto a las 792 de 2016.
Los sumarios que se abren por los delitos más graves (homicidios, asesinatos, violaciones), fueron 13, los mismos que en 2016, sin embargo el año pasado se calificaron menos, 13 frente a 18 por los pendientes de otros años.
En total, ha dicho Huete, la cifra de escritos de acusación aumentó un 4%, de 2.418 a 2.511.
Sobre las medidas cautelares, de las 40 penas de prisión solicitadas a los juzgados por los fiscales, solo se desestimaron dos, lo que pone de manifiesto “una sustancial coincidencia”, ha subrayado el fiscal jefe de Ciudad Real.
Respecto a los juicios celebrados por delitos leves su número ha crecido hasta los 4.533, de los que 1.205 fueron suspendidos, los juicios en los juzgados de lo Penal se incrementaron en un 20%, y en la Audiencia provincial se celebraron 62, un 9,6%.
Las sentencias por delitos leves fueron 3.003 absolutorias y 1.530 condenatorias, y en el ámbito de lo Penal se emitieron 1.487, 355 absolutorias y 1.132 (76%) condenatorias. De estas, 531 (47%) fueron de conformidad con el fiscal, 554 (48,9%) de conformidad con la petición del fiscal y 47 disconformes con el Ministerio Público.
En este sentido, Huete ha comentado la necesidad de alcanzar conformidades en el proceso de diligencias urgentes, en base a las últimas reformas legislativas, que permiten reducir la pena un 30%.
De las 49 sentencias publicadas ne la Audienica provincial, 20 fueron por delitos de tráfico de drogas, 15 por abusos o agresiones sexuales, diez por estafa, cuatro por apropiación indebida, tres por lesiones, dos por asesinato en grado de tentativa, dos por intento de homicidio y una por homicidio, tortura y maltrato.
Huete ha destacado el aumento de delitos por estafas informáticas y por violencia de género (entre 700 y 800 al año) y ha reclamado un juzgado específico, así como ha sostenido que las infracciones más frecuentes en personas son las agresiones y los robos en caso de delitos patrimoniales.
Más fiscales
En lo referido a los efectivos de personales para la Fiscalía provincial, Huete ha reclamado al menos dos fiscales más ante una “plantilla insuficiente”, sobre todo por “la carga de trabajo” vinculada a las modificaciones legislativas.
Para el partido de Manzanares, con un “número también escaso” para atender a once juzgados y 180.000 habitantes, ha reclamado al menos tres profesionales más hasta los ocho.
También ha solicitado más funcionarios, “al menos uno por fiscal”, pues en la jurisdicción ordinaria hay quince fiscales y 12 funcionarios, mientras que en Manzanares “hay más jefes”, con cinco fiscales y sólo tres empleados públicos.
Precisamente, fiscalía digital, que se usa para todos los procedimientos desde mayo, no ha sido favorable para sacar trabajo de manera más rápida, y no ha conseguido agilizar el trabajo de este cuerpo, más bien “ha ralentizado” algunas de las revisiones de los procedimientos, debido a la existencia “de varias aplicaciones no compatibles”.
Divorcios y discapacidad
Por su parte, Carmen Mendiola ha detallado los procedimientos en el ámbito Civil, donde son protagonistas las causas por divorcio, mayoritarios en la provincia frente a las separaciones.
En 2017, según los datos de la teniente fiscal, bajó la cifra de divorcios en comparativa interanual, y primó el mutuo acuerdo frente al procedimiento contencioso.
En concreto se incoaron 312 procesos de mutuo acuerdo, frente a las 499 del año precedente, mientras que los expedientes contenciosos fueron 295, un 40% por debajo de los 499 de 2016.
Respecto a los procedimientos de modificación de medidas en las rupturas matrimoniales referentes a las pensiones de alimento o régimen de custodia de los hijos, el pasado año subieron los que solicitaron la guardia y custodia compartida, mayoritariamente a favor del padre.
Sobre pensiones de alimentos, ha indicado que, si hasta hace pocos años se establecía un porcentaje en relación al salario del padre, actualmente “se ha desterrado” y se ha establecido una cuota fija mensual que, a la hora de impagos, facilita las demandas.
En cuanto a las causas relacionadas con la discapacidad, Mendiola ha resaltado que la Fiscalía provincial es “extremadamente sensible con estos temas”, tanto que se ha adelantado a la reforma legislativa planteada para que las personas discapacitadas puedan ejercer su derecho al voto. “Esto ya se venía haciendo en Ciudad Real”, previo informe del médico forense, que también podía servir para rehabilitar cualquier otra limitación.
En 2017 ha habido 1.776 procedimientos de este tipo, un ámbito en el que también hay “gran carga de trabajo”, dado que son procedimientos que duran décadas y que van cambiando en función de las circunstancia del discapacitado.
Mendiola ha insistido en que los fiscales de la provincia “cumplen escrupulosamente la convención de Nueva York”, en relación a la autonomía del discapacitado, “como un traje a medido”, pues sólo son auxiliados o complementados en áreas no capaces de realizar, “incluso hay sentencias sólo para el control de la medicación”.
