J. Y.
Ciudad Real
Carmen Soánez, concejal de IU en el Ayuntamiento de Ciudad Real, acudió este lunes a la Fiscalía provincial para declarar y aportar más documentación acerca de “las irregularidades” que la formación ha denunciado en lo referido a la contratación y justificación de gastos de diversos proyectos municipales, algunas de ellas recogidas por el informe del Tribunal de Cuentas.
Según explicó Soánez, tras la admisión a trámite de las denuncias sobre el proyecto para la construcción de un carril en el camino Vereda de Moledores, las obras de la Protectora de Animales o la facturación de la empresa de servicios Cecle, en la citación de este lunes ante el fiscal jefe, Jesús Caballero, Soánez y Jorge Fernández, coordinador local de IU, entregaron “más pruebas” sobre las obras realizadas para rehabilitar el sótano del antiguo Casino.
La edil pidió a Caballero que estudie los posibles indicios de delitos en todos los casos denunciados, que se suman a las presentadas en los mismos términos por el jefe de Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que posteriormente ingresaron en la de Ciudad Real.
“Nos ha dicho dicho que estudiarán si hay indicios de delito en la causa ampliada”, informó Soánez, aunque Caballero le aclaró que “una cosa son los temas de interés político y otra si hay base jurídica para una posible imputación”. Por ello, en caso de que la Fiscalía archivara la causa, “nos ha comentado que quedaría la vía contencioso-administrativa”, explicó la concejala de IU.
La Fiscalía también ha admitido a trámite otra denuncia del Grupo Municipal del PSOE, pero sólo referida a las obras del Camino de Moledores, el proyecto con más “desvíos”, dado que según denunció el funcionario pudo haber un sobrecoste de más de 100.000 euros, mientras que en el caso de la nueva sede de la Protectora de Animales capitalina podrían haberse desviado 40.000 euros.
Por otro lado, Soánez comentó a este diario que el Ayuntamiento habría entregado parte de la documentación requerida por la Fiscalía provincial, a raíz de la denuncia presentada por IU el pasado 24 de septiembre y anteriormente por el funcionario municipal.
