La inversión estatal del sector público en 2017 en Castilla-La Mancha será de 428,80 millones de euros, lo que representa una disminución del 26,54 % con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año pasado.
Según consta en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, los 428,80 millones de euros que se destinan a
Castilla-La Mancha suponen un 5 % del total de inversión estatal para las autonomías en el sec
La inversión territorializada que prevé realizar el Gobierno este año desciende en todas las comunidades autónomas incluida Cataluña pero con la única excepción de Canarias, que de entrada recibe casi ocho millones más que en 2016, según el proyecto de Presupuestos del Estado presentado este martes en el Congreso, que indica que en Castilla-La Mancha la inversión cae de 583 a 428 millones de euros.
Andalucía y Cataluña encabezan por este orden la inversión por territorios, al representar el 13,5 y 13,4 por ciento del total, seguidas por Madrid, con el 11,7, y Castilla y León, con el 11,5 por ciento. Entre las cuatro absorben la mitad del total nacional.
Estas cifras incluyen la inversión del Estado según el territorio en que se realizan las obras. De esas cuatro comunidades a la cabeza, tres lo vienen estando en los últimos años salvo Madrid, que ocupa el lugar de Galicia y deja a la comunidad del norte en quinto puesto.
En total, el reparto de inversiones por comunidades asciende a 12.867 millones, por debajo de los 13.231 del presupuesto de 2016. De esta cantidad, 8.597 millones son regionalizables, se pueden repartir por comunidades porque se producen en un único territorio; este capítulo registra un descenso del 22 por ciento con respecto a la previsión inicial del año pasado.
En territorio andaluz se invertirán 1.156 millones (1.820 millones era la previsión del año pasado); en Cataluña, 1.149 (1.179 en 2016); en la Comunidad de Madrid, 1.005 millones (1.019 el año pasado), y en Castilla y León, 991,5 millones (1.451 en 2016).
En general, la previsión es menor para todas las autonomías salvo para Canarias, aunque la variación es pequeña: de 261,8 millones a 270,28. También crece el presupuesto para Melilla (de 32 a 37 millones de euros) y se mantiene en el caso de Ceuta.
GALICIA, EN QUINTO LUGAR
Todas las demás registran descensos en esta previsión inicial realizada por el Gobierno y que es susceptible de modificaciones conforme los Presupuestos sean negociados en las Cortes. Galicia, quinta en inversión territorializada, recibe 924,64 millones (1.363 en 2016); le siguen la Comunidad Valenciana, con 589,18 millones (879); Castilla-La Mancha, con 428 millones de inversión (583), y el País Vasco, con 381,4 millones (449,4).
A continuación se sitúa en noveno puesto en porcentaje sobre el total Aragón, con 343,6 millones (418,9), y después Extremadura, que recibe 303,5 millones (363,9 millones en 2016). Les siguen Murcia, con 272 millones (330) y Canarias, única con más previsión de inversiones territoriales que el año anterior, con 270,2 millones frente a 261,8.
Asturias y Cantabria figuran las siguientes, con 211 y 199,9 millones, respectivamente (307 y 205 millones en 2016); cierran la lista Navarra, con 79 millones (106), La Rioja, con 75 millones (89,7) y las Islas Baleares, que reciben 148 millones (159 en 2016).
Bajan más de un 20 % partidas a parques nacionales y confederaciones hídricas
Las partidas destinadas a los parques nacionales y las confederaciones hidrográficas descienden en 2017 un 22,9 por ciento y un 20,1 por ciento, respectivamente, según el proyecto de presupuestos generales del Estado para este año.
Según el texto elaborado por el Gobierno y presentado hoy en el Congreso de los Diputados, los parques nacionales recibirán este año 33 millones de euros frente a los 43 millones del pasado año (-22,9 %), mientras que las confederaciones hidrográficas dispondrán de una partida de 718 millones de euros (-20,1 %).
En las confederaciones esto supone una disminución de 182 millones de euros que se concentran principalmente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con una disminución de 118 millones de euros, según el texto presentado por el Ejecutivo.
Además, el proyecto de presupuestos incluye una partida para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que contará con 46 millones de euros, el mismo que en 2016, y otra para la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este organismo meteorológico registrará un aumento en su presupuesto del 3,5 %, pasando de los 122 millones de euros en 2016 a los 126,29 millones de euros para este año.
Dentro de las infraestructuras y en el marco de la política de aguas el borrador contempla abordar el Pacto Nacional del Agua, con el objetivo de garantizar el suministro de agua «en calidad y cantidad suficiente» para todo el territorio nacional, asegurando a su vez «una adecuada protección del medio ambiente».
Entre sus actividades figuran la conservación, mantenimiento y modernización de las infraestructuras existentes y gestión de sequías e inundaciones.
Entre los objetivos en cuanto a calidad de las aguas están la mejora del estado de la depuración de las aguas residuales o mantenimiento, la conservación y protección del patrimonio medio ambiental y la mejora de la gestión.
Para el desarrollo de estas actividades, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dispondrá en el año 2017 de 1.251 millones de euros, de los que corresponden al capítulo de inversiones 704 millones de euros.
Además, las sociedades de aguas tienen previstas inversiones por importe de 122 millones de euros.
En materia de infraestructuras costeras, el Gobierno pretende «compatibilizar» la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica.
Así, se harán acciones para recuperar la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y disfrute por los ciudadanos y acciones para planificar y proteger el medio marino, entre otros.
Para ello Medio Ambiente dispondrá en 2017 de 57 millones de euros.
Por lo que se refiere a la protección y mejora del medio natural, el Gobierno pretende mejorar la protección de los ecosistemas forestales con actuaciones dirigidas a mitigar los procesos de desertificación, prevención de incendios forestales y protección de los ecosistemas forestales frente plagas y enfermedades.
Para el conjunto de estas actuaciones, el Ministerio de Medio Ambiente dispondrá de créditos por importe de 155 millones.
Fomento invertirá 361,15 millones en C.-La Mancha, un 7,94 % más que en 2016
El Ministerio de Fomento invertirá 361,15 millones de euros en Castilla-La Mancha en el ejercicio de 2017, lo que supone un incremento del 7,94 % con respecto a lo consignado para el año anterior.
Así se contempla en el presupuesto del Ministerio de Fomento para el ejercicio de 2017, que se ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados, según ha indicado en una nota de prensa este departamento ministerial.
Asimismo, ha indicado que el presupuesto del Grupo Fomento en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha asciende a 418,72 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,58 % con respecto al de 2016.
En la partida de carreteras, Fomento destina 214,3 millones de euros, lo que supone una dotación similar a la recogida en los presupuestos anteriores, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma en inversión para 2017, con un 113 % por encima de la media.
En lo que respecta a ferrocarriles, en Castilla-La Mancha el presupuesto se incrementa un 39,17 % con respecto a 2016.
A ferrocarriles se destinan en Castilla-La Mancha 144,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 75 % si se compara con el presupuesto ejecutado en 2016.
En política de vivienda, el Ministerio de Fomento continúa consolidando el cambio de modelo derivado de varias reformas legislativas y de la aplicación del plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013- 2016, que ha sido prorrogado durante este ejercicio 2017.
Para las ayudas de esta prórroga se han consignado 13,86 millones de euros para Castilla-La Mancha.
A su vez, el Programa de Rehabilitación Arquitectónica prevé una inversión de 630.890 euros en Castilla-La Mancha en varias actuaciones, entre ellas la de la conservación y rehabilitación del Recinto Ferial de Albacete.
Gobierno incrementa un 7,6% el presupuesto en Justicia y prevé obras en Talavera, Albacete y Guadalajara
El Ministerio de Justicia contará en el 2017 con 1.726 millones de euros, lo que supone un incremento de un 7,6 por ciento con respecto a las partidas presupuestarias del año anterior. Gran parte de esta cantidad se dirigirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas en la Administración de Justicia y a la transformación digital. Además, los presupuestos incluyen una partida para obras de nuevos edificios en Talavera de la Reina (Toledo), Albacete y Guadalajara.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se ha presentado este martes prevé este impulso en la Justicia para garantizar un «servicio público de calidad, más ágil y eficaz». También se pretende que la Justicia esté «más dotada y mejor organizada» y se apuesta por su modernización tecnológica.
Además, según el borrador de los Presupuestos, el Gobierno aboga por conseguir una «justicia que crea en sus profesionales», que esté al servicio de los ciudadanos y sea «fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción».
Los presupuestos de este año dotará al órgano de gobierno de los jueces con un 2,5 por ciento más que en 2016, es decir 56 millones de euros. Asimismo, Justicia contará con 1.358 millones de euros para los gastos de personal con los que se crearán nuevos puestos de trabajo y se fomentará la especialización y formación del personal de la carrera judicial.
Concretamente, entre el ingreso trabajadores y funcionarios en la Administración de Justicia procedente de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 y las que se aprobarán este año, se crearán alrededor de 5.000 plazas nuevas.
IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Para el ejercicio de 2017 se destina un gran volumen financiero a la digitalización de la Justicia, uno de los grandes proyectos del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyo principal objetivo es conseguir que los profesionales, ciudadanos y los órganos judiciales se comuniquen de forma telemática y que la tramitación de las actuaciones procesales se hagan de forma electrónica.
Esta política de 'papel cero', que se llevará a cabo a través de la aplicación 'Minerva Digital', tendrá disponible 150 millones de euros, lo que supone un incremento del 87,9 por ciento con respecto al año anterior.
El Plan de modernización tecnológica continúa con el sistema ya iniciado de digitalización los servicios prestados por los registros civiles que permiten la tramitación electrónica de expedientes de nacionalidad o la transmisión de solicitudes de inscripción de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Para ello, se destinará un 12,1 por ciento más que el año pasado, alcanzando los 30 millones de euros.
GASTO SOCIAL
En cuanto al capítulo de gasto social –38 millones de euros en total–, destaca el escaso incremento de la partida destinada al servicio de asistencia jurídica gratuita. En 2017, esta prestación cuenta con 37 millones, mientras que el año anterior, el presupuesto para indemnizar a los abogados de oficio era de 36,7 millones de euros.
Otro millón de euros se dirige al apoyo a las víctimas mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales psicológicas en los procesos judiciales.
El presupuesto destinado al Centro de Estudios Jurídicos contará con 120 millones más que en 2016, alcanzando los 1.670 millones de euros. Esta cifra va destinada a la formación continua de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados del Estado, médicos forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
MEDIOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS
Por otro lado, para renovar el equipamiento técnico e infraestructuras se destinan 34 millones de euros, un 68,6 por ciento más que en 2016. Precisamente, para este fin, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses contará con seis millones de euros, cinco más que el año pasado.
Parte de estos 34 millones se invertirán en las obras de nuevos edificios de juzgados en Lorca (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Albacete, Guadalajara, Ibiza, Badajoz y Segovia. También para la rehabilitación de sedes judiciales en Soria, Ceuta, Trujillo (Cáceres) y la Audiencia Provincial de Palencia.
Según los presupuestos presentados por el Ministerio de Hacienda, otros 100 millones de euros se destinan para impulsar la modernización del Servicio Público de Justicia.
