El presidente regional, Emiliano García-Page, ha suscrito con los representantes de los agentes sociales un acuerdo para la recuperación económica y social en Castilla-La Mancha, un marco de diálogo desde el que también se abordará la reforma del Estatuto de Autonomía, la de la Ley del Gobierno y con la que se conseguirá una mayor transparencia en la gestión del Ejecutivo y de la administración autonómica.
El presidente regional, tras rubricar esta declaración institucional, ha dicho que el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, ha sido el «muñidor» de este pacto y «responsable más que preparado para llevar a cabo esta estrategia de consenso, a fin de que sea marca de la casa».
García-Page ha explicado que unos 20 decretos o leyes tendrán que ver con este pacto, así como que «no menos» de 15 ó 20 planes estratégicos estarán relacionados con él. Además, ha agregado que no tiene que abarcar una única legislatura, pues muchos de las medidas a desarrollar «necesitan músculo y financiación» y otras dependerán de la gestión del Gobierno de España».
No obstante, el titular del Ejecutivo regional ha admitido que las elecciones generales del 20 de diciembre «van a entorpecer este debate» de tal modo que retrasarán las primeras medidas de este acuerdo, que llegarán a principio de 2016.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que el pacto suscrito con los agentes sociales se tiene que cifrar «fundamentalmente» en que dentro de cuatro años se haya creado el doble de empleo del que hay ahora en Castilla-La Mancha, o lo que es lo mismo, ha añadido, que la región tenga la mitad de paro que ahora.
DEJAR ATRÁS ERRORES
García-Page a ha admitido no saber si con el diálogo social «va a haber crecimiento» pero ha precisado que las mesas de diálogo tienen que ser autocríticas para dejar atrás errores, problemas y «abusos de todo tipo, incluidos los políticos».
Ha precisado que, de momento, en este acuerdo «están los que tienen más responsabilidad», pero que «ya que se abre el melón del diálogo, no se va a excluir a nadie» y a él se sumarán organizaciones de todo tipo. En este punto se ha referido al PP y ha asegurado que le pedirá que «se sume a determinadas partes del pacto».
En este sentido, ha aprovechado para señalar que el Gobierno regional, que hasta ahora ha estado tomando «decisiones unilaterales», va a cerrar los acuerdos que lleve a cabo con «el mayor consenso posible, aunque no sea del 100 por cien».
«Desde ahora todo tipo de planteamiento posible, salvo las excepciones, quedará consensuado», ha apuntado, para agregar que no se trata de una amenaza o de que «si no hay acuerdo nos olvidamos». «Si no lo hay –acuerdo– nosotros marcaremos el cómo y el cuándo», ha agregado.
Por último García-Page ha puesto en valor que este acuerdo «desembocará» en nuevo Estatuto de Autonomía que recogerá derechos e institucionalizará el dialogo social, «para que sea una obligación y no esté al capricho del político de turno». «No hay camino distinto al del acuerdo», ha finalizado.
DIÁLOGO, «SEÑA DE IDENTIDAD» DEL GOBIERNO
Martínez Guijarro, que ha valorado la disposición tanto de la patronal como de los sindicatos más representativos de la región a la hora de cerrar este acuerdo, ha defendido que esa recuperación del diálogo social «no tiene que ser solo una foto sino la seña de identidad con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a trabajar».
Dicho esto, ha explicado que en las mesas que se van a constituir a partir de esta firma estarán presentes otros colectivos «que defiendan los derechos perdidos en los últimos años, para que toda la sociedad se sienta partícipe» así como todos los partidos políticos, aunque no tengan representación institucional en las Cortes regionales.
De hecho a la firma de esta declaración institucional han asistido, además del Consejo de Gobierno en pleno, y del presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, y el coordinador regional de Ciudadanos, Antonio López.
El 'número dos' del Gobierno regional ha explicado que este acuerdo tendrá tres grandes bloques, el primero de ellos el económico, dirigido a favorecer la recuperación por medio de un nuevo modelo productivo; el segundo, relativo a lo social, que abordará cuestiones sanitarias, educativas, de servicios sociales y de recuperación de derechos.
Por último, el tercer bloque, el de la reforma institucional, abordará, de la mano de los agentes sociales y los partidos políticos, tengan o no representación parlamentaria en la región, la reforma del Estatuto de Autonomía, de la Ley del Gobierno y la normativa para impulsar participación y la transparencia en gestión de gobierno y administración autonómica.
AGENTES SOCIALES, «IMPRESCINDIBLES»
De su lado, el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, ha dicho que este acuerdo, que es «muy abierto» y se concretará a lo largo de los próximos meses, reafirma el valor del diálogo social y que los interlocutores sociales son «imprescindibles» para construir región y para alcanzar estabilidad social y política.
Ha dicho que dentro que este marco se abordarán nuevos retos y medidas que contribuyan a transformación social, económica y laboral de la región y sobre todo a recuperar el estado de bienestar social. «Lo tuvimos y lo perdimos, porque ha habido una fuerza política que lo ha destrozado», la condenado Gil, que ha pedido al Ejecutivo regional «transparencia en todo lo que haga», algo a su modo de ver es «fundamental» para que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos.
En la misma línea, el secretario regional de UGT, que ha señalado que con este acuerdo se pretende alcanzar «la normalidad» para los ciudadanos de la región y lo ha definido como «un proyecto ilusionante» para que la gente «recupere la dignidad», ha hecho un alegato en favor del diálogo social, lamentando que desde «ciertos ámbitos» se olvide de lo «fundamental» que ha sido en la Transición española junto a la participación institucional .
«CRIMINALIZAR» EL DIÁLOGO SOCIAL
Del mismo modo, ha asegurado que se pueden criticar los errores que han cometido las organizaciones sociales pero que aprovecharlos para «criminalizar» el diálogo social, que «ha supuesto un avance fundamental», según ha insistido, es algo que «solo se explica desde el aislacionismo endémico de lo que algunos llaman centro derecha español».
Por último, el presidente de CECAM, que también ha destacado el diálogo social como «una herramienta fundamental», ha mostrado la disposición de la Confederación al diálogo con el Gobierno que esté al frente de la región con el fin de conseguir mejoras para la economía y los empresarios. «Recogemos la propuesta de diálogo como una mano tendida», ha agregado.
Finalmente, ha insistido en la necesidad de seguir profundizando en el proceso de reformas estructurales emprendido, «que han favorecido ese punto de inflexión en la economía para conseguir consolidar su mejora y seguir dando pasos hacia adelante» y ha añadido que «es necesario el impulso de medidas que favorezcan la actividad económica y mejoren la competitividad de la empresas».
