La Junta obliga a la familia Aznar-Oriol a retirar varias alambradas de su finca en Cabañeros

Anibal B.C. Ciudad Real
La raña de Cabañeros en esta primavera / PN Cabañeros

La raña de Cabañeros en esta primavera / PN Cabañeros

Se obliga a los dueños de la finca, con otras denuncias por cuestiones medioambientales, a realizar la sustitución de los tramos de doble malla por otro tipo y que la altura máxima de los nuevos vallados no sea superior a los dos metros

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha formulado una declaración de impacto ambiental en la que obliga a los propietarios de la finca Cabañeros, la Inmobiliaria del Bullaque S.L. propiedad de la familia Aznar-Oriol, a retirar varios vallados en la finca que está en pleno parque nacional de Cabañeros.

Según la información a la que ha tenido acceso Lanzadigital.com, la declaración de impacto ambiental obligará a los propietarios de la finca a retirar en el plazo de dos meses dos nuevos vallados que fueron construidos, de 250 y 1.553 metros, con la justificación de servir para el aprovechamiento ganadero y como delimitación de coto.

También la declaración de impacto ambiental obliga a Alejandro Aznar, presidente de las Bodegas Marqués de Riscal y de la naviera Ibaizabal, y la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, a retirar los tramos de vallado de protección de cultivo y vallado de protección de la explotación ganadera que existía en la finca de forma anterior a la legislación de evaluación ambiental, sobre los que se instaló otra malla.

Ello dio como resultado un entramado de doble malla que en ningún caso garantiza las mínimas condiciones de permeabilidad, ni tan siquiera la precisa para la fauna no cinegética.

Por lo tanto, se les obliga a realizar la sustitución de los tramos de doble malla y que la altura máxima de la malla no sea superior a los 2 metros.

Sustitución en dos meses

La sustitución de estos vallados se deberá realizar en dos meses, siempre y cuando no estén en tiempo de peligro alto de incendios forestales, en cuyo caso se empezaría a contar el periodo de ejecución de las obras una vez finalizado este período.

La resolución también contempla, pese a que no ha sido objeto de esta evaluación de impacto ambiental, que los dueños de la finca Cabañeros deben también corregir, en la mayor brevedad posible, el vallado colocado sobre la Real Cañada Soriana a su paso por esta finca.

El vallado deberá respetar el dominio público pecuario y sus zonas, con lo que se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

La declaración de impacto ambiental está motivada en la contundencia y coincidencia de los informes elaborados por el propio Parque Nacional de Cabañeros, los agentes medioambientales y la organización Ecologistas en Acción.

La finca Cabañeros, con una superficie total de 6.413 ha, se encuentra incluida en su totalidad en el Parque Nacional de Cabañeros, definiendo la finca parte de los límites sur y oeste del parque en la provincia de Ciudad Real.

La decisión de la Junta de Comunidades se produce después de que en enero de este mismo año se conociera que la Audiencia Nacional sancionaba con 230.000 euros a la familia Aznar-Oriol, por la realización de obras sin la autorización necesaria en el interior del parque nacional.

Esa sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, es el tercer fallo judicial que ratifica la ilegalidad de las actuaciones realizadas en 2014, denunciadas por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, y el séptimo en que la familia Aznar-Oriol veía desestimada su interpretación de la legislación aplicable al parque.

El fallo judicial daba la razón a las organizaciones ecologistas que habían denunciado estas obras y confirma la ilegalidad de dos obras anexas a la vivienda principal de la finca: un aparcamiento y una campa de grandes dimensiones destinada a la evisceración de piezas de caza.

Además del proceso abierto por el aparcamiento y la campa, los tribunales dictaminaban también la ilegalidad de la pista de acceso a la finca a través de la Cañada Real Segoviana de 1,5 kilómetros, sancionada con una multa de 10.000 euros y la obligación de restituir el daño causado.