J. Y.
Ciudad Real
El portavoz de la Confederación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), Augusto Serrano, advierte de la precarización de la escuela pública en España. Coincidiendo con las primeras semanas del nuevo curso 2014-2015, Serrano asegura que la Lomce, la nueva ley que acaba de entrar en vigor “nace muerta”, a tenor de los “retrocesos” que supone para toda la comunidad educativa. El ciudarrealeño ve una “ocurrencia” iniciativas como la formación militar para docentes porque “los únicos valores que valen son los de la paz”.
El nuevo curso se ha estrenado con la aplicación de una ley “que ha nacido muerta”, señaló Serrano, que recordó “que fue rechazada por la mayor parte de la comunidad educativa y por los grupos parlamentarios excepto el PP”.
En lo referido a los alumnos y sus familias, “la ley ha traído un cambio de libros en Castilla-La Mancha, lo que conlleva un esfuerzo económico en plena crisis, así como se mantienen los recortes de los últimos años”, sostuvo.
En declaraciones a Lanza, Serrano aseguró que “ha empeorado” la calidad en la atención educativa porque los estudiantes “reciben clases en peores condiciones que hace años”. Explicó que “los alumnos son tutorizados por menos profesionales, y se han suprimido los programas de apoyo”, lo que en consecuencia “precariza” la enseñanza.
Otro de los ejes afectados por los recortes, según dijo, es el empleo público docente, con profesores que “trabajan en peores condiciones y con mucha intranquilidad por los miles de despidos de interinos”.
En este sentido, calificó de “ocurrencia” iniciativas como el curso “Una Educación para la Paz y la Seguridad” dirigido a docentes, con el fin de que aprendan valores y principios militares para que posteriormente formen parte de la educación de los jóvenes. “La guinda es la ocurrencia de dar formación profesional militar en el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP) solo por Internet”, indicó, cuando “habría que “fomentar los valores de la paz”.
Sobre la campaña de promoción del golf entre los escolares de la capital anunciada por el Ayuntamiento, señaló que “es un deporte más, y tendría que apoyar todas las enseñanzas además de lo que se pone de moda”.
En cuanto a los contenidos curriculares señaló que “ha desaparecido la asignatura de Educación para la Ciudadanía que transmitía unos valores constitucionales”, mientras que la ley “da prevalencia” a la religión. STE rechaza este trato como asignatura porque “es un despropósito”, ya que “pertenece al ámbito privado y de las familias” y espera, según Serrano, que el recurso de anticonstitucionalidad presentado se resuelva en este sentido.
Huelga
Respecto a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para los días 21, 22 y 23 de octubre en la que pedirán la dimisión del ministro del ramo, José Ignacio Wert, señaló que la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública (integrada por los sindicatos UGT, CGT, CCOO y STES; y la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) “debatió la situación y la oportunidad de seguir las movilizaciones”. Como representante sindical docente se desvinculó de los paros porque “de hacer reivindicaciones a hacer una huelga va un trecho”.
Colectivo estudiantil
De su lado, Darío López, del Colectivo Estudiantil de Ciudad Real dijo que no se sumarán a la huelga pero sí “a la movilización de los sindicatos del día 23 frente a la delegación de la Junta.
A favor
Jesús Serrano, secretario regional del Sindicato de Estudiantes de Castilla La Mancha, justificó a Lanza la convocatoria de la huelga porque el PP “no respeta lo que está recogido en la Constitución como garantía de universidad pública”. “Será una continuación de las movilizaciones del curso pasado, hasta ahora hemos celebrado catorce huelgas generales de estudiantes por los ataques a un derecho básico recogido en la Constitución”, sostuvo.
“Vamos a pedir la dimisión del ministro Wert porque no hay dotaciones de materiales y se ha desplazado a más de 45.000 estudiantes por no tener recursos”, así como denunció la subida en un 66% de las tasas universitarias, pidió que se vuelvan a contratar a los 33.000 profesores despedidos, y que se aumente el presupuesto para becas.
En este sentido, advirtió de tres decretos que va a poner en marcha el Gobierno “para sustituir las becas por préstamos bancarios, para reducir los grados a tres años, y para aumentar a dos años los máster de pago”.
