Siete de los diez imputados en la operación de la Guardia Civil ‘Jarete’ que este lunes han comparecido ante la Sección Primera de la Audiencia provincial de Ciudad Real, acusados de delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales, han ratificado el acuerdo alcanzado entre su defensa y la Fiscalía, mientras que los tres principales acusados han decidido enfrentarse al juicio.
Tras la exposición de la conformidad ante el tribunal, se ha iniciado la vista contra María Leida M. O. y Carlos Andrés M. O., madre e hijo de origen colombiano acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, para los que el fiscal solicita un total de nueve años y nueve meses de prisión y 229.622 y 227.578 euros de multa para cada uno.
Ambos están señalados por el Ministerio Público, ejercido por el fiscal jefe, Luis Huete, como los cabecillas del clan colombiano que en 2016 se dedicaba a introducir presuntamente cocaína en Villanueva de los Infantes y otras poblaciones del Campo de Montiel, además de blanquear el dinero en locutorios de Valdepeñas mediante el ‘pitufeo’, es decir, a través de frecuentes transacciones económicas desde España a cuentas de Colombia.
En el amplio y complejo dispositivo policial entre abril y diciembre de 2016, en el que se llevaron a cabo ocho registros, tres de ellos en Villanueva de los Infantes, otros tres en Santa Cruz de los Cáñamos y los dos últimos en locutorios de Valdepeñas, les fueron intervenidos más de 11 kilos de cocaína y 31.500 euros en metálico, además de otros efectos relacionados con los delitos investigados.
José Luis S.L., la pareja de la mujer que tampoco ha pactado, está acusado de blanquear capitales, y se enfrenta a cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 215.029 euros.
Interrogatorios
La mujer sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, Pilar Martínez, y ha negado que en su casa de Infantes, donde vive con su pareja, una hija discapacitada y una nieta, traficara con drogas, aunque se ha declarado consumidora de hasta dos gramos de cocaína diarios tras un fatal accidente de su hija en el instituto.
Ha señalado que las transferencias de dinero las hacía ella misma o su marido para ayudar a algunos de sus siete hijos y de sus 13 hermanos, además de otros familiares en Colombia, quienes han iniciado un negocio de cultivo de piñas.
Los casi 18.000 euros encontrados en su casa son fruto, ha declarado, proceden de un préstamo que le hizo un hermano que viajó a España unos días a finales de 2016 y del ahorro de la paga de viuda que recibe, de las prestaciones por cuidado y discapacidad y de los sueldos del marido como peón agrícola o albañil. El objetivo era comprar un vehículo adaptado para transportar a su hija, que sufre tetraparesia tras una mala caída.
José Luis S.L., igualmente, solo ha contestado a la letrada que los defiende. Este infanteño que lleva conviviendo 16 años con María Leida, ha reconocido que hizo envíos de dinero desde Correos a familiares de su mujer, destinados a la plantación de piñas y para arreglar la casa familiar. Ha dicho no saber que su pareja guardara en la casa 18.000 euros ni que fuera consumidora. Tampoco notó, ha declarado, que hubiera numerosas visitas a su casa ni a horas intempestivas.
Igualmente, ha confirmado una vida laboral de 29 años, que ha alternado entre la construcción y el campo, con sueldos de entre 1.000 y 1.200 euros mensuales.
Por su parte, Carlos Andrés M.O., que lo defiende un abogado de oficio tras renunciar a la abogada de su madre, ha reconocido que está en España de manera irregular, y por ello ha trabajado por épocas ‘en negro’ en el campo y en la hostelería.
También consumidor de cocaína, ha dicho que los paquetes de 32 y 0,97 gramos de esta sustancia que encontraron en su casa de Valdepeñas se los había comprado previamente para cubrir sus necesidades, así como los 765 euros hallados eran para pagar el alquiler, tras haber cobrado un sueldo reciente.
A preguntas del fiscal sobre los envíos de 16.623 euros que envió a Colombia en un año, ha reconocido que “no se puede mandar tanta cantidad”. En respuesta a la letrada Pilar Martínez en el mismo sentido, ha indicado que sólo están permitidos envíos de 3.000 euros al trimestre, es decir, 12.000 euros al año.
Pactos
Respecto a los siete acusados que han pactado, los hermanos José Enrique R. G. y Manuel Francisco R. G. se han conformado con un año y seis de prisión cada uno (les pedían cuatro años a cada uno) y con multas de 1.000 y 2.000 euros (frente a los 14.593 euros que les pedían a cada uno), respectivamente, por sendos delitos de tráfico de drogas; José Antonio R. será condenado a dos años y tres meses (se enfrentaba a cinco años) y una multa de 300 euros (frente a los 14.593 euros que pedía la acusación) por el mismo delito, al igual que José Rafael G.G. ha ratificado dos años de prisión y 300 euros, cuando solicitaban para él cuatro años y la misma multa que los anteriores, y Roberto Carlos B.L., que ha acordado dos años por el tráfico de drogas (se enfrentaba a cuatro) y 300 euros (le pedían 14.593 euros).
Finalmente Lady Caterina M. A. y Vanesa R.R., imputadas por sendos delitos de blanqueo de capitales, para las que pedían cuatro años y nueve meses de cárcel y 215.029 euros de multa, han confirmado un año de prisión y 8.000 euros, y un año de cárcel y 10.000 euros, respectivamente.
Cuestiones preliminares sobre indefensión
El Tribunal también ha resuelto una de las cuatro cuestiones previas presentadas por Pilar Martínez, abogada de la defensa, que pretendía impugnar el procedimiento desde la instrucción de la causa en el juzgado de Primera Instancia de Villanueva de los Infantes.
En concreto, la Sala ha desestimado que esta parte haya sufrido indefensión al no tener acceso a la identidad de un testigo protegido, cuya denuncia impulsó la investigación. Tras una hora de valoración, el presidente del Plenario ha dicho que para haber tenido en cuenta la cuestión, la defensa tendría que haber incluido una alegación en su escrito, tal y como reconoce la ley, -un extremo incumplido-, así como «ha habido una falta de motivación» en las razones concretas para justificar la falta de indefensión.
La abogada presentará un recurso de apelación, ha adelantado.
El fiscal jefe, Luis Huete, ha subrayado sobre esta cuestión que «no está justificada», aunque la ley 19/94 ampara que se conozca la identidad por parte de las defensas pero no por parte de los acusados.
La letrada también ha alegado su indefensión al no haber podido accerder a la declaración testifical de una de las primeras detenidas en la operación, a su llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas, cuando portaba 6,800 kilogramos de cocaína, ya que fue expulsada.
Jiménez ha justificado también su petición de nulidad de todas las actuaciones en que el juzgado de Infantes no dio traslado puntual de las diligencias, como es el caso del atestado sobre el delito de blanqueo. Además, a su juicio, no hubo garantías para sus patrocinados en las intervenciones y registros de las investigaciones policiales.
Como respuesta, el fiscal Huete ha desarmado estas alegaciones porque los argumentos en su conjunto «tienen poco peso».
Ha incidido en que «sí se han dado traslado de las actuaciones» y ha aclarado que la practica de pruebas en la fase de instrucción «no es igual» que las del juicio oral, así como respecto al caso de la mujer expulsada ha reprochado a la abogada que no haya pedido una comisión rogatoria.
Igualmente, Huete ha defendido la actuación del juzgado de Infantes «a la hora de simplificar» los trámites para no duplicar las declaraciones. «Estamos ante unas de las diligencias más pulcras de un juzgado con una dirección que respeta absolutamente todos los derechos», ha sostenido.
Respecto a las intervenciones telefónicas y las entradas y registros policiales, «estaban perfectamente motivados» por los agentes.
Medidas cautelares para dos incomparecientes
Del mismo modo, la final de la sesión, el Tribunal ha admitido la petición de Huete de solicitar medidas cautelares para Víctor Hugo M.M. y Adriana Patricia L., dos acusados que no han sido localizados para comparecer ante el tribunal y ser enjuiciados. El fiscal ha interesado prisión provisional para ambos por «el riesgo de fuga», en un escenario en el que no concurren causas que presuman que están impedidos para responder ante la justicia.
La defensa se ha opuesto y ha instado a que «reiteren la citación en los domicilios que aportaron».
El juicio proseguirá el próximo miércoles.
