La Mesa General de la Función Pública de Castilla-La Mancha se retomaba este martes para seguir avanzando en la negociación del nuevo decreto que ha de regular el régimen de teletrabajo de los empleados públicos de la Administración, y Junta y sindicatos se han emplazado a una nueva toma de contacto este martes a las 10.30 para seguir avanzando, si bien la parte de la representación sindical ha mostrado su pesimismo pese a reconocer algún avance.
El responsable del sector autonómico de CCOO-FSC Castilla-La Mancha, Ramón González, ha explicado que durante la reunión de la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público convocada este lunes para seguir examinando el borrador la Administración regional «no se ha movido de su posición».
Es por ello que los sindicatos han pedido a la Dirección General de Función Pública que elabore una última propuesta para verla en la reunión convocada este martes, a las 10.30 horas, donde se tendrá que votar definitivamente el borrador del proyecto que los representantes sindicales, de quedarse como está redactado, votarán en contra, tal y como ha señalado González a Europa Press.
De su lado, José Azcoitia, de UGT, ha admitido algunos avances desde la pasada semana en algunas premisas, si bien se trataba de avances «lógicos» en cuanto a equiparar la normativa regional en aspectos como sufragar la adquisición de equipos informáticos o conexión a Internet.
Otro de los «puntos de fricción» solventados, según Azcoitia, ha sido el de considerar que los empelados públicos que ejercen tareas de Dirección, Coordinación, Supervisión o Inspección sí pueden ser susceptibles de estar amparados en la norma.
Pero el escollo principal sigue siendo el artículo 8 relativo a la proporción máximo de tiempo que un trabajador puede desempeñar desde su casa de forma remota, ya que, explica el sindicalista, la posición de la Administración sigue fijada en un máximo del 40% a contar de forma semanal; mientras que la parte sindical reivindica expandir esos máximos hasta el 80% y en cómputo mensual, más allá de los matices de cada puesto de trabajo.
«La Administración no acaba de entender qué es teletrabajar. Parece que tienen miedo a que podamos teletrabajar un 80% y no entendemos el miedo, se ha demostrado que se ha seguido para adelante en la situación de pandemia», ha señalado en declaraciones a Europa Press.
En el mismo sentido, la secretaria de Negociación de CSIF, Victoria Ortiz, ha explicado que la Administración regional ha introducido una «pequeña modificación» en el artículo 4 –sobre los puestos susceptibles de acogerse al teletrabajo o no– pero «condicionada» a lo que ocurra este martes y en función de lo que se vote en el decreto.
Ortiz ha señalado a Europa Press que los sindicatos van a «valorar» lo que ha propuesto el Ejecutivo autonómico, pese a que el otro de los artículos en liza –el 8– no se ha modificado, y se ha remitido al discurrir de la cita de este martes.
ANTECEDENTES
La Dirección General de Función Pública convocaba de nuevo a las organizaciones sindicales a la cita de este lunes, una nueva reunión de la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público para seguir examinando el contenido del borrador del proyecto del nuevo Decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La reunión llegaba después de que la mayoría de estos sindicatos decidieran este miércoles levantarse de manera unilateral de esa mesa y detener el proceso negociador de dicha norma.
El proceso negociador con los sindicatos se inició el pasado martes con la convocatoria de la Mesa General de Negociación Personal Empleado Público para estudiar el contenido de este borrador y continuó al día siguiente, miércoles. En esas dos sesiones se revisaron los primeros ocho artículos del nuevo decreto, que consta de un total de 18 artículos estructurados en cinco capítulos, recogiendo los representantes de la Administración regional las sugerencias sindicales y aclarando sus dudas, con la voluntad de alcanzar un acuerdo consensuado sobre el contenido de esta norma.
Sin embargo, cuando se empezó a examinar el artículo 8, que regula el tiempo máximo de teletrabajo en la Junta, la mayoría de los sindicatos plantearon a los representantes de la Administración regional que se aceptase su propuesta de modificar el texto inicial o, en caso contrario, no continuarían negociando el nuevo decreto, una postura «incompatible» con cualquier proceso negociador.
Ante la negativa a aceptar esa imposición, los sindicatos solicitaron suspender la reunión del miércoles, cuestión que se produjo sin que atendiesen la petición de la Dirección General de Función Pública de proseguir con la sesión para poder debatir el resto del articulado pendiente de examinar, pese a la discrepancia con ese artículo concreto.
