Según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Universidades, se configura así como una «herramienta para ensanchar los derechos de la comunidad universitaria en general a lo largo de todo su texto y del estudiantado en este caso particular».
El Ministerio justifica esta medida en que se trata de un derecho relevante para el estudiantado, en la medida en que potencia el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, y de los derechos de reunión y asociación en el ámbito universitario. Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, su reconocimiento y ejercicio deben permitir un equilibrio entre el pleno respeto al estudiantado que quiere ejercerlo y el derecho a la educación (y a los derechos académicos) del estudiantado que no lo secunda.
Este derecho a paro consistirá en el derecho a la inasistencia a clase, pero también puede consistir en actividades de información y difusión, en declaraciones institucionales, manifestaciones, actividades de protesta, así como la prohibición de realizar pruebas en los días señalados.
El ejercicio del derecho deberá cumplir una serie de condiciones como la declaración del paro por el órgano de representación estudiantil legitimado, un quórum determinado para adoptar la decisión, preaviso a las autoridades, constitución de un comité de paro y formalización de las reivindicaciones.
Este derecho, que en la actualidad sólo está regulado en algunas universidades, pasará a contemplarse en la Ley, por lo que todas las universidades deberán habilitar mecanismos que permitan a los Consejos de Estudiantes paralizar la actividad académica, sin que ello afecte al derecho a docencia y evaluación del estudiantado.
Tanto la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) como el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) celebran lo acordado con el Ministerio.
«CREUP y CEUNE celebran el avance en materia de garantías y derechos que incorpora la LOSU, poniendo en el centro de la reforma al estudiantado universitario. De igual manera, el texto debe seguir avanzando en la participación y representación estudiantil, que consolide su posición como parte fundamental de la Universidad en una nueva Ley aún por negociar», señalan.
