Un grupo de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ciudad Real se ha concentrado esta mañana a las puertas de los bancos Santander y Popular de la capital, para incidir en que los gastos de formalización de las hipotecas “los tienen que pagar las entidades financieras y no los prestatarios”.
A cinco días para que el Tribunal Supremo decida en una nueva sentencia quién ha de hacer frente al coste del impuesto de actos jurídicos documentados, el portavoz de la PAH ciudarrealeña, José Luis Huertas, ha respaldado los propios argumentos de la última resolución del alto tribunal favorable a los consumidores, pues “lo dicen bien claro”, y es que el banco “es el beneficiario como titular del derecho y por tanto quien paga”.
En declaraciones a los medios, ha señalado que “se están diciendo muchas cosas y son verdades a medias”, por lo que la entidad ha decidido dar luz a sus argumentos y aclarar la información “confusa” sobre las consecuencias que tendrán para los ciudadanos la sucesión de autos “contradictorios” de las distintas salas del Supremo.
Según ha explicado Huertas, la PAH ha enviado un documento a la Audiencia provincial y a los juzgados de la provincia en el que especifican que la cláusula de gastos de formalización de la hipoteca (incluye varios impuestos) fue declarada abusiva y “como nula debe darse por no puesta» y, por tanto «sin ninguna vinculación para el prestatario”.
La carta será enviada también al Consejo General del Poder Judicial y a las cuatro asociaciones de jueces.
“Tampoco hay que reclamar nada a Hacienda”, porque los consumidores “no crean una relación directa con esta institución cuando contratan una hipoteca”.
Sobre la aplicación de la retroactividad, Huertas ha dicho que si el Alto Tribunal falla en contra, será corregido por la jurisdicción europea, tal y como ya lo ordenó en otro tipo de cláusulas abusivas relacionadas con los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.
El mismo portavoz, que ha denunciado la inseguridad jurídica, el respaldo al poder de la banca y los perjuicios a los deudores, ha dicho esperar que el Supremo “dé una larga cambiada y salve los muebles” en la resolución que se espera el próximo 5 de noviembre, mientras que la PAH de Ciudad Real «quiere dejar claro que sí se puede» y que «seguiremos luchando por los intereses y derechos de los ciudadanos y por el derecho a un vivienda digna contra los poderes que se empeñan en laminarnos».
