J. Y. / Ciudad Real
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real registró este miércoles en los juzgados de la capital una petición para que la Junta de Jueces acuerde que los titulares de los juzgados con casos de ejecución hipotecaria puedan suspender los desahucios en base a tres sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconocen el derecho ciudadano a la vivienda y censuran la especulación.
De esta manera, según explicó José Luis Huertas, representante de la entidad, cierran el ciclo de presentaciones ante distintas sedes judiciales por parte de las plataformas locales en municipios de la provincia como Tomelloso, Valdepeñas, Puertollano o Almagro. Huertas recordó que dicha petición se ha realizado en toda España, incluso en el Consejo General General del Poder Judicial (CGPJ), “y pedimos que los jueces apliquen las sentencias de Europa que sientan jurisprudencia en favor del hipotecado, pero que no se reflejan en la mayoría de autos en España” Este portavoz reiteró que una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2013 confirmaba la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria, mientras que otra de julio con 52 puntos “decía que los artículos del Ley de Enjuiciamiento Civil modificados no servían para nada y no evitaban el desequilibrio entre el hipotecado y el banco”.
En este sentido, la sentencia reconoce que España concede un trato privilegiado al profesional, acreedor o prestamista, e impide los principios de igualdad procesal y de tutela judicial efectiva para los deudores ejecutados. Precisamente, esta asimetría es el principal “perjuicio de la ley”, ya que el prestatario “no puede recurrir pero las entidades bancarias sí”.
Huertas también calificó de “irracional” la modificación de una disposición adicional de la ley concursal por la que todos los procedimientos iniciados “se tenían que dar como comunicados en un plazo muy corto, hasta este 7 de octubre”. Huertas también hizo referencia a una tercera sentencia europea del pasado 10 de septiembre por la que se declara la vivienda como derecho fundamental, como así lo reconoce la carta de derechos humanos de la Unión Europea y que legitima el artículo 47 de la Constitución Española.
Con todo, “pretendemos que se anulen los procedimientos de ejecución hipotecaria en función de estas sentencias que dicen que se están aplicando normas no legales y que no se ajustan a derecho, por lo que no tienen sentido”.
Sobre el número de afectados en Ciudad Real, Huertas aseguró que “cuesta mucho trabajo que se planteen los casos”, por lo que en la actualidad la PAH de Ciudad Real tiene registrados entre 70 y 80 titulares perjudicados, no sólo de la capital sino de otros municipios como Piedrabuena, Pozuelo o Miguelturra. Además, hay decenas de casos registrados en las PAH de Valdepeñas, Tomelloso o Puertollano.
