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La Plataforma Sí a la Tierra Viva recibe el respaldo de la Justicia y el reconocimiento del Gobierno regional

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Una de las movilizaciones ciudadanas de la plataforma en Torrenueva / Lanza
Lanza / VALDEPEÑAS
El Juzgado de Infantes absuelve al presidente de esta asociación del intento de Quantum Minería de exigirle responsabilidad por daños y perjuicios y la Junta reconoció con una mención especial su labor en defensa del medio ambiente en el acto del Premio de Medio Ambiente celebrado en Valdepeñas

En una reciente sentencia del  Juzgado de Primera Instancia de Villanueva de los Infantes, se desestima totalmente la pretensión de Quantum Minería de ser indemnizada por el supuesto daño incalculable producido en su buen nombre e imagen y se absuelve al presidente de “Sí a la Tierra Viva” de la demanda interpuesta contra él por la empresa promotora de los fallidos proyectos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real

Dicha demanda, interpuesta por Quantum en enero de 2017, momento álgido de la oposición ciudadana al proyecto minero, se basaba en las actuaciones realizadas por la plataforma al solicitar, en enero de 2016, la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para esclarecer si se había incumplido la legalidad vigente,  al haber tenido conocimiento de que varias empresas mineras habían estado realizando calicatas de investigación de tierras raras dentro de la Red Natura 2000 sin tener licencia municipal de obras, así como manipulando minerales en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, con los consiguientes vertidos de aguas residuales, actividades estas que fueron clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad por carecer Quantum de licencia, por lo que  fue sancionada con 2.700 euros  por ejercicio de actividad clandestina,  sanción que está siendo revisada por el Defensor del Pueblo por la importancia y gravedad de los hechos, según explican desde la Plataforma.

El SEPRONA, en cumplimiento de la ley, realizó sus pesquisas, presentando la investigación de más de 700 folios ante el Juez de Instrucción, quien admitió el atestado e inició Diligencias Previas del proceso  penal que, finalmente, fue sobreseído provisionalmente, al no considerarse suficientes los indicios para ser considerados ilícito penal.

 

Envío de burofax amenazantes

Esta demanda vino precedida de dos burofax de la empresa al presidente de la plataforma, a título personal, en los que, a modo de ultimátum, se le avisaba con ejercitar cuantas acciones quepan en derecho si no ingresaba más de 6.500 euros en la Fundación Francisco de Quevedo de Torre de Juan Abad, fundación de carácter privado que lleva años sin realizar actividades y que preside el  ex-alcalde de dicha localidad, José Luis Rivas Cabezuelo, que presentó su dimisión en febrero de 2016.

La plataforma siempre entendió esta estrategia como un intento de hostigar a su presidente, eligiéndolo como “cabeza de turco”, al dirigir la demanda contra él a título personal y no en su calidad de representante de la plataforma.

 

Sentencia que afianza la acción de la ciudadanía

La sentencia avala la postura de defensa expuesta por la abogada de la plataforma, María del Carmen Morallón Hidalgo, quien desde el inicio manifestó que la denuncia ante el SEPRONA se circunscribía en el ámbito de la acción penal publica que corresponde a cualquier ciudadano en defensa de un bien jurídico general como es el medio ambiente, siendo este un derecho legalmente reconocido.

En consecuencia, el Juez afirma que no puede exigírsele al demandado un acto de confianza ciega hacia la pulcritud de las actividades mineras investigadas y no  cabe entender que el fin de la denuncia fuera causar perturbación en estas, ni existe prueba suficiente de temeridad o negligencia en la formulación de la denuncia ni falta de rigor en la diligencia requerida, sin que quepa considerar como reprochable en modo alguno, ni penal ni civilmente el ejercicio de la acción penal, lo contrario supondría una desincentivación de dicho derecho y el correspondiente menoscabo para la protección de bienes jurídicos públicos que atañen a todos los ciudadanos y a los poderes públicos.

Asimismo, la sentencia viene a afianzar la acción de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un presunto delito sobre bienes jurídicos públicos, para que pueda denunciar con la tranquilidad de obrar conforme a derecho.

 

Proyectos mineros rechazados por la Junta

La plataforma recuerda que las concesiones mineras fueron denegadas por la Junta de Castilla-La Mancha el pasado 22 de noviembre por su afección sobre la Red Natura 2000 y la falta de sostenibilidad en materia de recursos hídricos y tras un amplio rechazo social aglutinado en torno a esta asociación cívica que ha sido especialmente combativa al considerar desde el principio la inviabilidad técnica y ambiental de los proyectos mineros, permaneciendo vigilante y denunciando las irregularidades cometidas dentro del procedimiento administrativo, obligación que compete a cualquier ciudadano pero, sobre todo, a las Administraciones Públicas.

 

Premios de Medio Ambiente

La Plataforma recibió de manos del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una mención especial durante la ceremonia de entrega del Premio Regional de Medio Ambiente, celebrada el martes en Valdepeñas.

Con este reconocimiento el Gobierno regional premia la labor informativa y de movilización  desarrollada por esta asociación cívica en defensa del medio ambiente frente a los proyectos mineros de tierras raras que se pretendían instalar en la provincia de Ciudad Real.

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