La Plataforma por la Defensa de los Mayores ha mantenido una reunión con la Diputación de Ciudad Real para exponer sus inquietudes y solicitar el respaldo institucional ante la situación crítica que enfrentan las residencias de mayores en la provincia, según se recoge en nota de prensa enviada a ese periódico.
En este encuentro, se buscó ratificar el apoyo de la Diputación Provincial para la causa que defienden, enfocada en lograr una financiación justa y adecuada para las plazas subvencionadas en las residencias públicas de mayores en Castilla-La Mancha.
Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el alcalde de Porzuna y representante de la plataforma, Carlos Jesús Villajos, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, subrayaron la necesidad de una respuesta firme y concreta por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según la nota.
Carlos Jesús Villajos, como portavoz de la Plataforma, hizo un llamado a la Junta para que se revise y actualice el apoyo económico destinado a las plazas subvencionadas de las residencias de mayores. Desde 2016, el importe que la Junta destina a estas plazas no ha experimentado ningún incremento, mientras que los costos de mantenimiento han aumentado en un 20%, explica el comunicado de la plataforma
Esta disparidad financiera pone en riesgo la continuidad de numerosas residencias, particularmente en las zonas rurales, afectando a más de 1,000 personas mayores, y a 600 empleos, en su mayoría ocupados por mujeres. Villajos ha señalado que “esta falta de actualización en la financiación está poniendo en peligro a muchas residencias de nuestras zonas rurales, que enfrentan serias dificultades para mantener su funcionamiento y podrían verse obligadas a cerrar”.
La plataforma exige igualdad en la financiación de las plazas subvencionadas en comparación con las plazas concertadas, las cuales reciben una media de 250 euros más y son pagadas de manera mensual, a diferencia del sistema de financiación anual que deben adelantar los ayuntamientos.
Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, también hizo hincapié en la desigualdad existente en la financiación de las residencias gestionadas por los municipios en comparación con las concertadas, a pesar de que ambas cumplen con los mismos estándares de calidad y requisitos administrativos.
Según la nota, Valverde destacó el impacto económico y social que tendría el cierre de estas residencias, lo que desarraigaría a las personas mayores de sus municipios, y afectaría a más de 244 puestos de trabajo en el ámbito rural, agravando así la situación de vulnerabilidad en estas áreas. Además, denunció la disminución del apoyo financiero por parte de la Junta en otros servicios esenciales para los mayores, como las comidas a domicilio, debilitando aún más la atención en la provincia.
Campaña de recogida de firmas
La Plataforma ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en los 27 municipios que la conforman, tanto en formato físico como digital, para recabar apoyo ciudadano y visibilizar la problemática.
Asimismo, ha propuesto una reunión con la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha para buscar soluciones que aseguren la viabilidad de las residencias de mayores. Entre otras acciones, la plataforma también ha invitado a todos los grupos políticos de las Cortes regionales a visitar las residencias y conocer de primera mano las dificultades existentes. Los miembros de la plataforma recalcan que esta lucha no tiene un cariz político, sino que responde a un sentido de justicia y dignidad para los mayores, quienes merecen un cuidado adecuado y digno.
Ante la respuesta insuficiente de la Junta de Castilla-La Mancha, que ha sugerido que sean los ayuntamientos y las empresas gestoras quienes asuman el coste adicional, la plataforma considera esta medida inviable debido a la falta de fondos. Se estima que igualar la financiación de las plazas gestionadas por los ayuntamientos con las concertadas requeriría una inversión de aproximadamente 861,000 euros al año en la provincia de Ciudad Real. Por ello, se insta a la Junta a incluir en los presupuestos de 2025 una partida suficiente para cubrir esta diferencia y garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.
