Los agentes de la Udyco, Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, que investigaron el laboratorio clandestino de cocaína desmantelado en Alcázar de San Juan en junio de 2016, han confirmado la participación del tratante de vinos alcazareño Javier F.R. en la trama.
En contra de lo que declaró el martes el investigado, que dice que era un mero casero, que no sabía lo que hacían allí sus inquilinos allí, el jefe de la Udyco que dirigió la investigación ha testicado en el juicio que este hombre aparece desde el principio, bien saliendo de la finca, o franqueando la entrada con seguridad a los otros acusados colombianos que se desplazaban desde Madrid.
En la finca alcazareña los policías especializados en narcotráfico vieron en varios seguimientos al alcazareño Javier F.R., y a dos de los otros cinco acusados, Alexander G.C. y Edison Alexander P.M.
Una finca “ideal” para un laboratorio de droga
La policía considera que la finca, a la que llegaron de casualidad, siguiendo desde Madrid a Alexander y a Edison el 24 de septiembre de 2015, cuando empezó la investigación, era “un sitio ideal” para elaborar clorhidrato de cocaína sin levantar sospechas ni alertar con olores al inexistente vecindario (en el registro hallaron 31 kilos de precursores de la droga).
Alejada unos diez kilómetros de Alcázar, en una zona rural con caminos que sólo transitan labradores y sin vecinos, el enclave, con una pequeña casa, un pozo y un generador eléctrico para la luz, estaba rodeado de un mallado verde de unos dos metros que lo aislaba de las miradas de los curiosos. Además mantenían un tractor viejo y un carro, como para simular algún tipo de actividad agraria que los policías jamás vieron en nueve meses de investigación.
Vigilancia con el helicóptero policial
En una de las primeras vigilancias, el 25 de septiembre de 2015, los policías de la Udyco utilizaron hasta un helicóptero policial para sobrevolar la zona. Comprobaron que había tres personas por allí que corrían, se escondían y utilizaban los teléfonos móviles “para alertar al resto de miembros de la organización”. Esto levantó aún más los sospechas y a primeros de octubre este grupo de la Brigada Central de Estupefacientes de Madrid pidió las oportunas órdenes judiciales para intervenir teléfonos de los posibles implicados.
En los meses de seguimiento, desde finales de septiembre de 2015 hasta junio de 2016, las seis personas que se sientan ahora en el banquillo de la Audiencia Provincial mantuvieron encuentros, llamadas, mensajes y viajes (esto último solo algunos) a Barcelona, Valencia y Alcázar con una furgoneta y “multitud de vehículos” en los que supuestamente transportaban droga o productos para cortarla.
6 kg de cocaína en dos coches en Valdehiguera
El 20 de junio de 2016, el día que “explotó” la operación, los agentes sorprendieron a dos de los implicados, Alexander G.C. y a Edison B.A con una importante cantidad de droga. Al primero lo pillaron conduciendo una furgoneta con un kilo de cocaína oculto (salió de la vivienda de la calle Valdehiguera que la red utilizaba como domicilio). Unas horas más tarde comprobaron que de la misma casa salía el otro acusado, Edison B.A., en el garaje había dejado un turismo Audi A-6 con cinco kilos de cocaína.
En paralelo a estas detenciones la policía entró en la finca rústica de Alcázar. Les abrió el propietario Javier F.R., que dio una explicación que no cuadraba con las investigaciones: “Nos dijo que alquilaba la casa para turismo rural”, ha explicado el jefe de grupo, cuando en su opinión “aquello estaba en unas condiciones deplorables para que alguien pudiera vivir allí”.
Un zulo “excelentemente colocado”
Ni rastro del supuesto laboratorio, hasta que uno de los agentes se dio cuenta que había un badén en el terreno, excavaron y encontraron un zulo subterráneo “excelentemente colocado”, ha elogiado el agente. En el escondite aparecieron garrafas y kilos de sustancias químicas, precursores para adulterar y tratar la droga y otros instrumentos, pero no cocaína pura (se supone que se quedó en Madrid).
Nivel de vida alto sin trabajar
Los seguimientos al grupo también arrojaron luz sobre el estilo de vida de los acusados –dos de ellos en rebeldía-. Ninguno trabajaba, pero pese a ello llevaban un tren de vida alto, con chalés de alquiler de más de 2.500 euros mensuales, servicio doméstico y una “gran cantidad de vehículos” a su disposición, muchos de ellos a nombre de otras personas, toxicómanos de barrios pobres de Madrid.
También llamó la atención de los policías de la Udyco las medidas de seguridad que tomaban para cualquier desplazamiento, y la actitud vigilante del grupo. En su opinión, el jefe de todos ellos era James Roberto P.V., que nunca estaba cerca de la droga pero daba todas las instrucciones.
La única mujer implicada, novia de uno de los acusados, aparece como la persona que en ocasiones enviaba mensajes y cogía el teléfono para transmitir o recibir instrucciones.
Los seis acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 14 y los 9 años de prisión. Se les acusa de un delito de tráfico de drogas con la agravante de notoria importancia.
El juicio continúa este jueves
El juicio continúa este jueves con las pruebas periciales, tran una maratoniana segunda sesión en la que han testificado ante la sección segunda de la Audiencia Provincial ocho policías de la Udyco y tres testigos de la defensa de Javier F.R., el casero, que dicen que es un buen chico que se dedica a sus negocios, no al narcotráfico.
