José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Manchase abordará la próxima legislatura, tras las elecciones de 2023, una vez “el clima político” autonómico y nacional se normalicen.
Así lo ha dicho en el transcurso de una comparecencia para informar sobre las decisiones que está tomando este martes y miércoles el Ejecutivo regional para el último año de legislatura en el sanedrín que están celebrando en el Palacio de La Serna de Ballesteros de Calatrava, encabezado por su máxima autoridad, Emiliano García-Page.
A preguntas de los medios, Guijarro ha asegurado que no se da el “contexto político” para abordar la reforma del marco estatutario, que este año 2022 cumple 40 años, una vez lo “intentamos al principio de la legislatura” ante la necesidad de que la comunidad autónoma disfrute de un “estatuto de segunda generación” que agilizarían bastante la gestión del Gobierno, y consolidaría las cuatro décadas de progreso, avances, y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos castellano-manchegos.
En concreto, las herramientas e instrumentos que contempla un texto actualizado, como los decreto ley, que aprobaría el Ejecutivo y ratificaría las Cortes, evitarían los procedimientos más largos de las proposiciones de ley de lectura única. Además, reforzaría en su normativa “la garantía de los derechos de los ciudadanos para el acceso a los servicios públicos”.
Pero el escenario político, ha reiterado Guijarro, no es el adecuado “para alcanzar acuerdos”, tanto en la comunidad como en España. Por ello, ha traslado la idea de esperar al siguiente mandado para abordar una reforma tan enjundiosa como ésta, y “no hacerlo de manera unilateral como lo hizo Cospedal”, aunque “podríamos porque tenemos mayoría absoluta”.
En la opinión del Gobierno, “tiene que ser objeto de consenso”, una vez “se tranquilice el clima político en Castilla-La Mancha y a nivel nacional”.
Seguirán adelante las 900 actuaciones previstas
Guijarro ha anunciado otra de las prioridades que han autorizado en las últimas horas, como es seguir con el desarrollo de las 900 actuaciones pendientes en toda la comunidad, centradas en sectores como el educativo -con el arreglo de centros de Primaria y Secundaria-, y sociosanitario –con la construcción de nuevos hospitales en tres de las capitales de la región y impulso de ahorro energético-.
También convocarán un nuevo plan de empleo en el segundo semestre para dar cobertura de trabajo “a esa bolsa de personas” que están fuera del mercado laboral”.
Será en colaboración con Diputaciones y ayuntamientos, y todavía está por determinar la inversión que realizarán para las activación de las iniciativas que va a contemplar.
Martínez Guijarro ha indicado que utilizarán para este fin los fondos europeos Next Generation, así ha destacado las políticas que luchan contra la despoblación en la comunidad autónoma.