A. R.
Ciudad Real
Ciudad Real es la primera provincia que incorpora en el ámbito de la Seguridad Social un protocolo contra la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, que puedan sufrir los empleados públicos por parte de los usuarios.
Este protocolo, del que se beneficiarán unos 250 empleados de la Seguridad Social en la provincia, se “anticipa” al que a nivel nacional se quiere aplicar, para 220.000 trabajadores de la Administración General del Estado, el cual está actualmente “parado” porque “Instituciones Penitenciarias no ha entrado” en el mismo, destacó ayer María de los Ángeles Mur, delegada de Prevención por CSI-F, que expresó su satisfacción por la “sensibilidad” de la Dirección Provincial del Instituto Nacional (INSS) y la Tesorería de la Seguridad Social, así como de la Subdelegación del Gobierno, para poner en marcha esta “novedosísima” iniciativa.
Mur participó, junto al subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y el director provincial del INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, Antonio Rodríguez, en la presentación de un protocolo cuyo lema es ‘Tolerancia Cero’ respecto a la violencia de la que pueden ser víctimas los empleados públicos, ya sea “física, verbal, gestual o telefónica”.
Esta actuación “pionera” a nivel nacional en el ámbito de la Seguridad Social tiene el propósito de dotar a la Dirección Provincial de una herramienta que contempla el “tratamiento singularizado y pormenorizado” para identificar las principales causas de las agresiones y el respaldo incondicional a los trabajadores mediante la orientación y asesoramiento, indicó Rodríguez, que resaltó que otros objetivos radican en “establecer medidas preventivas” y garantizar a las víctimas tanto asistencia sanitaria y psicológica como apoyo administrativo y jurídico, además de la actuación en los casos “extremos” por parte de la Fiscalía, a través de la Subdelegación del Gobierno, “si el interesado lo considera oportuno”.
Así mismo, continuó Rodríguez, el protocolo prevé la concienciación tanto a empleados públicos como a usuarios sobre este tipo de violencia y la elaboración anual de un registro de agresiones en el que se recogerán “las situaciones y conductas violentas con el fin de adoptar medidas preventivas ante este riesgo laboral”.
Crispación
Unos 80 trabajadores que prestan una atención directa al público son a los que más les va a beneficiar este protocolo, estimó Rodríguez, que indicó que se ha apreciado que con las dificultades socio-económicas actuales, aunque afortunadamente no ha habido agresiones físicas, sí hay una “crispación mayor” por parte del ciudadano a la hora de ser atendido y uno de los colectivos más afectados son los inspectores médicos que llevan el control de las incapacidades temporales y permanentes.
Por su parte, Mur, que indicó que se ha solicitado que esta medida se haga extensiva al resto de organismos de la Administración central, expuso que CSI-F ha detectado que se han incrementado desde 2011 “las agresiones que se producen en la Administración del Estado”, producto, “entre otras cosas, de la crisis, una cierta crispación y una campaña de descrédito a los empleados públicos”, lo que se refleja “en el trato diario” de la atención al público. Mur felicitó a la Dirección Provincial del INSS y la Subdelegación por su disponibilidad a poner en marcha este protocolo y destacó que “saben” que CSI-F siempre colaborará con iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales y “nos tendrá enfrente si no es así, si es para el recorte” o para no mantener o no mejorar la condiciones de trabajo.
Respeto y sensibilización
Con el lema ‘Tolerancia cero frente a la violencia en el trabajo. Las personas de este centro estamos a su servicio. Respétenos’, se han distribuido carteles de difusión del protocolo en todos los centros de la Seguridad Social de la provincia y se impartirán sesiones de sensibilización a los trabajadores, indicó Rodríguez, que subrayó que desde la Dirección Provincial del INSS se organizan cursos sobre gestión de conflictos con los usuarios para favorecer que las relaciones sean “lo más correctas posibles” y evitar “enfrentamientos que puedan suponer cualquier tipo de agresión”.
También en la elaboración de este protocolo, por parte de la Administración, participó el responsable de Prevención de la Dirección Provincial del INSS, Lucilo Cuñado, que resaltó que con esta iniciativa se establecen medidas para prevenir los riesgos, paliarlos, aminorarlos y neutralizarlos, así como de protección a los empleados públicos.
