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19 marzo 2024
ACTUALIZADO 07:51
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La sentencia del Constitucional anticipa otra ‘pandemia’ de litigios en los juzgados

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Un militar, con el salvoconducto de un trabajador, en un control de movilidad en Ciudad Real en el primer estado de alarma / Clara Manzano
Belén Rodríguez / CIUDAD REAL
Abogados de Ciudad Real especializados en derecho administrativo llevan mes y medio recibiendo “de continuo” consultas para reclamar las multas de movilidad del estado de alarma, incluso antes del fallo. Recuperar lo pagado es posible, más difícil serán las reclamaciones por daños patrimoniales

Las consultas “de continuo” para reclamar por sanciones de movilidad del primer estado de alarma en bufetes de abogados especializados de Ciudad Real se han multiplicado en el último mes y medio. Con la decisión del Tribunal Constitucional de anular el confinamiento y las restricciones a la movilidad la cifra no ha hecho más que crecer.

“Llevamos una semana recibiendo una media diaria cinco o seis llamadas, y ya hemos iniciado unos veinticinco expedientes”, señala el abogado Rodrigo Caballero, de Caballero & Fuentes, especialistas en derecho administrativo que reconocen que los efectos de la pandemia implican muchas posibilidades de litigiosidad, no solo por este fallo del Constitucional.

Las decisiones que tomó el Gobierno en este año y  medio de crisis sanitaria han abierto cuatro grandes bloques para reclamar, “por un lado las sanciones de movilidad, las responsabilidades patrimoniales y de daños por los ceses forzosos de actividad, asuntos laborales, civiles y mercantiles”, indica el abogado.

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El abogado Rodrigo Caballero, en una imagen de archivo de su paso por la presidencia de AJE / Archivo

Todas las multas se pueden reclamar

La sentencia sobre la constitucionalidad o no del primer estado de alarma, cuyo fallo se ha conocido esta semana, aunque falta la argumentación, en realidad solo anula tres apartados del artículo 7, por un lado del confinamiento, el que no se pudiera hacer uso de los vehículos a motor, salvo causa justificada o trabajo, y el apartado que permitía el corte de carreteras”, explica el experto. El resto es “constitucional”, lo que se traduce en que todas las multas impuestas por esos motivos se pueden reclamar, incluso las pagadas, aunque será difícil conseguir la devolución de la sanción (600 euros), “en los supuestos en los que haya sentencia vía contenciosa”, subraya.

“A las que se están tramitando, me consta que en este mes y medio han llegado muchas, se puede presentar alegaciones, y en las ya pagadas se abre la posibilidad de iniciar un expediente de revisión”.

El cierre de locales “es constitucional”

El abogado insiste en que el cierre de locales por suspensión de actividad no se ha declarado inconstitucional, “otra cosa es que se pueda reclamar la responsabilidad patrimonial, pero plantear una demanda de este tipo es más complicado”.

En este aspecto del decreto que impidió el trabajo de muchos sectores se están planteando reclamaciones masivas, “pero es difícil dar una total seguridad para una reclamación. En nuestro grupo nacional tenemos un equipo de trabajo para ello, sabiendo que es complicado en un campo jurídicamente inexplorado”.

“Todo los sectores han sufrido mucho, cualquier declaración de responsabilidad tiene como condición identificar el daño concreto que se ha sufrido. En determinados ámbitos es fácil, en otros la concreción del daño es mucho más difuso, como pudiera ser el de la abogacía, por ejemplo, que se consideró actividad esencial”, argumenta Caballero.

Lo pagado, poco más

Quien reclame debe saber que la ley le ampara para recuperar la multa que pagó, poco más, ahora sobre el primer estado de alarma. En los altos tribunales hay más recursos planteados a las siguientes normas que han ido aplicando las administraciones para contener la epidemia del covid, incluidos los toques de queda, “desde el punto de vista de reclamar sanciones queda mucho recorrido”.

Las posibilidades de pleitear no solo afectan al Estado, “hay muchas otras  derivadas de la pandemia, por ejemplo, las reclamaciones a las compañías aseguradoras, en caso de pólizas que tenían cobertura para supuestos de cierre; también hay posibilidades por las carencias de Epis en los primeros momentos de los contagios, o de pacientes que se han sentido mal asistidos”.

El campo laboral y empresarial, en lo que afecta a las moratorias de los concursos de acreedores también generará litigios, “al margen de otras cuestiones vía ordinaria, que afectan a los derechos de los consumidores”.

Todo un aluvión de trabajo para juristas y abogados, estos últimos muy castigados por la paralización de los plazos y de la actividad judicial no urgente entre marzo y junio de 2020.

“En mi bufete la verdad es que no paramos durante el confinamiento, recuerdo esos meses atento al BOE y las ruedas de prensa de las autoridades porque los cambios normativas eran casi diarios, y de horas. La gente sacó a pasear a los perros no porque estuviera recogido en el decreto, sino porque lo dijo el presidente del Gobierno en una rueda de prensa”.

Número un del ránking Emérita Legal

El despacho de abogados de Ciudad Real Caballero & Fuentes, asociado a Hispajuris Abogados, ha sido reconocido en el ránking de Emérita Legal (actualizado en enero de 2021) como despacho número uno en España en las especialidades de derecho administrativo, urbanístico, financiero y tributario.

 

 

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