La presidenta de la Fundación Benéfica ‘Legado Bustillo’, Luisa Márquez, ha negado las supuestas “graves irregularidades” que el PSOE hizo públicas la semana pasada. El patrono socialista, Eulalio Díaz-Cano, habló de la creación de balsas en el coto de caza sin autorización y acusó a la dirección de tomar decisiones chapuceras y fraudulentas. Llegó a pedir la dimisión del nuevo gerente, Miguel Ruiz.
Luisa Márquez ha defendido la legalidad de estas actuaciones, incluso ha mostrado las autorizaciones pertinentes, en este caso de la Consejería de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, ha matizado que no son balsas, sino “charcas con no más de 70 centímetros de profundidad, llamadas a ser bebederos naturales integrados en la actividad del coto”. Después enseñó los permisos solicitados al Ayuntamiento de Alhambra -a cuyo término pertenecen los terrenos- que llegaron el 16 de julio pasado. Admitió que al día siguiente los guardas forestales paralizaron las obras por riesgo de incendio y aconsejaron pedir autorización a Medio Ambiente, cosa que se hizo ese mismo día. El viernes pasado llegó por fin el permiso de la Junta, que da “viabilidad a acometer tales actuaciones”.
La presidenta de la fundación está convencida de que las acusaciones vertidas, además de falsas, “solo buscan confundir a la gente”. Fue entonces cuando recordó que las irregularidades hay que buscarlas en mandatos anteriores, con presidencia de alcaldes socialistas. “No teníamos ningún protocolo de protección de datos y lo hemos puesto en marcha, había 68 hectáreas sin registrar y no hay contratos con nuestros arrendatarios, a pesar de ser obligatorio desde 2003”. Y puso el acento en el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que se ha pagado sin necesidad porque las fundaciones están exentas desde el año 2002. “Son 400.000 euros que no hemos podido destinar al verdadero fin de la fundación, que es la asistencia social y ayudar a los demás”.