J.M. Izquierdo / Ciudad Real
El tema de las competencias de cada administración centró este viernes el Pleno de noviembre de la Diputación Provincial. La excusa fue la modificación de créditos, con la oposición del PP, para hacer frente a las indemnizaciones para las ex trabajadoras del Centro de la Mujer, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M).
El portavoz del PP, David Marín volvió a esgrimir la postura contraria al cierre del centro –fue asumido por el Ayuntamiento de Ciudad Real tras el convenio firmado con la Diputación en su día- y se escudaba en la sentencia última para decir que la misma echaba por tierra los argumentos de la Corporación Provincial.
Por un lado, según su interpretación, no se avalaba que la Diputación no tuviera competencias sobre temas de mujer y, por otro, a su juicio, se descartaba las razones económicas al decir la sentencia que la Diputación ni tan siquiera había solicitado la subvención que da para estos casos la Junta de Comunidades.
Por otro lado, Marín preguntó que, si con este argumento de no tener competencias, también se iban a desprender de la Finca Galiana, el Hospital Psiquiátrico o el diario Lanza –hasta siete veces inquirió sobre este último caso-.
Por su parte, la vicepresidenta responsable del área de Mujer, Jacinta Monroy insistió en que la actual normativa –elaborada por el PP de una administración una competencia- fijaba que los temas de mujer con responsabilidad del Gobierno regional.
En esta confrontación dialéctica. Monroy le preguntaba a Marín si estaba dispuesto a colaborar con el equipo de Gobierno para que le Hospital Psiquiátrico pase a la Junta de Comunidades –que ostenta las competencias en Sanidad- y que, por ahora, le está costando cinco millones de euros al año a la Diputación.
También recordó que si la Junta hubiera abonado a la Diputación lo adeudado por temas de mujer de los últimos años, no hubiera sido necesario acudir a una modificación de créditos para las indemnizaciones a las ex trabajadoras.
Por otro, en estos casos por unanimidad, el Pleno aprobó el cambio de los estatutos del SCIS y su adaptación a la nueva Ley de la Administración local y las conclusiones del foro sobre “Mujer y Ley de Dependencia”.
