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29 marzo 2024
ACTUALIZADO 01:00
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      Imagen de archivo del juego de 'Las caras' de Calzada de Calatrava / Vox
      Ricardo Chamorro, Milagros Calahorra y Emilia Martín, hermano mayor de la Flagelación
      • Cofrades y fieles en el templo / J. M. B.
      • LA Virgen del Mayor Dolor / J. M. B.
      • El Cristo estaba preparado /J. M. B.
      • Se realizó el Viacucis en el templo / J. M. B.
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      El presidente de la Diputación -c- con la Hermandad del Ecce Homo (Pilatos)
      Hermanos y fieles lamentan la suspensión / Antonio López
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      Los fieles acudieron a orar al Nazareno / Elena Rosa
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      La Hermandad de la flagelación tampoco pudo salir en procesión / Elena Rosa
      Hermanas del Silencio que iban a acompañar a la Virgen / J.M. Beldad
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Las industrias vitícolas se adhieren a la denuncia por un presunto delito de información privilegiada

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Imagen de archivo de unas vides / Lanza
Julia Yébenes / CIUDAD REAL
AIVE también se muestra a favor de una destilación de crisis de vino planteada en otros países, en otros territorios de España y también por cooperativas de la región.

La Asociación de Empresarios de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) se ha adherido a las denuncias presentadas recientemente por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha y la Plataforma de Defensa de La Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha contra la Consejería de Agricultura “por información privilegiada”, por haber facilitado, supuestamente, “la orden de ayuda a la agricultura ecológica a empresas privadas”.

Así lo ha trasladado la entidad en una nota y ha confirmado su presidente, Lorenzo Delgado, a este diario, quien ha señalado que este jueves remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un escrito para sumarse a la querella. Igualmente, ha lamentado la acusación planteada por las organizaciones querellantes, sobre que “se habría filtrado información reservada” y se habría informado “privilegiadamente a unas empresas, organizaciones y entidades de certificación respecto de las ayudas o subvenciones que la Junta va a aprobar en el ámbito de la agricultura ecológica”.

Para AIVE “existen fundados indicios” de que el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo habría facilitado a algunas empresas, organizaciones o entidades datos sobre el nuevo proyecto de subvenciones a la agricultura ecológica “mucho antes de que las asociaciones denunciantes interpusieran las demandas”. Igualmente, el trato privilegiado, según la entidad que representa a los industriales vinícolas, también fue anterior a la que recibieron de manera pública u oficial “las compañías a las que representamos”.

Son unos hechos que, en opinión de Delgado, “conllevarían un evidente perjuicio”, al haberse roto “la regla de igualdad de trato a los administrados, al resto de agricultores ecológicos e, incluso, a las compañías certificadoras no favorecidas por ese trato discriminatorio”.

La filtración, por el contrario, habría favorecido la realización de “maniobras de posicionamiento en el mercado” a los privilegiados, una “ventaja competitiva desleal” que les ha permitido “comunicar a sus clientes los requisitos necesarios a cumplir antes de la publicación de la convocatoria”, frente a otros campesinos y empresas auditoras.

De esta manera, se ha roto “el principio de igualdad de condiciones”, por “no haber contado con esa misma información en un mismo momento, y no poder asumir con la misma efectividad el cumplimiento de los requisitos que se establezcan”, máxime “si tenemos en cuenta que más del 58% de los agricultores ecológicos actuales se quedarán sin ayuda”.

Por ello, Delgado se adhiere a la solicitud de cese de Martínez Arroyo “por poner la Orden en conocimiento de empresas privadas con carácter previo a la información recibida por agricultores y ganaderos”, así como por “su ineptitud al no publicar la normativa con tiempo suficiente para que los interesados puedan completar la solicitud de forma correcta y si les interesa acogerse a esta línea”.

“Es un gran atropello”, sostiene, al igual que “la nueva PAC, que va a perjudicar a los productores, pues recibirán menos dinero y tendrán que hacer más trabajo”.

También a favor de la destilación

Por otro lado, AIVE también se muestra a favor de una destilación de crisis de vino planteada en otros países, en otros territorios de España y también por cooperativas de la región.

Según Delgado, hay que “dar una solución al desajuste creado” entre las existencias que se guardan en las bodegas y las menores ventas registradas en los últimos meses, “a puertas de una nueva campaña (el ejercicio comercializador finaliza el 31 de julio)”.

La entidad se suma a la petición de COAG al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que disponga de forma “urgente” un paquete de ayudas para activar la destilación vitivinícola, “al igual que acaba de hacer el gobierno francés para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en su sector”.

Por ello, AIVE ha pedido no aumentar esos excedentes y derivar parte del vino guardado a otros usos como “vinagre de alcohol, otros alcoholes”, incluso para bebidas espirituosas.

“Ya hemos perdido dos meses, respecto a los 160 millones destinados para la destilación en Francia”, ha señalado Delgado, quien recuerda que la AIVE fue una de las primeras entidades que pidió esta medida, al igual que siguió en la DO Rioja, en Extremadura y ahora la han demandado los sindicatos agrarios de Castilla-La Mancha “que estaban callados”.

En su escrito enviado a las diferentes instituciones, la consejería, el MAPA y la Unión Europea, piden con urgencia que se haga una destilación de crisis, con precios medios de mercado, que superen los costes de producción, “tal y como ha hecho Francia, que ha puesto de acuerdo al sector con el ministerio francés y han llegado a un acuerdo para asignar una primera fase de 160 millones de euros para quitar el stock”.

 

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