Las llamadas que la Guardia Civil que investigó hace cinco años el caso ‘Jarete’ en el Campo de Montiel, por el que tres de los principales acusados se enfrentan a penas de entre 9 años y nueve meses, y cuatro años y cuatro meses, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, respectivamente, recogen conversaciones en lenguaje cifrado que los agentes identifican como conversaciones para vender sustancias prohibidas o darle salida legal al dinero.
Han sido cerca de 30 ‘pinchazos’ (realizados entre abril y noviembre de 2016) los que se han escuchado en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia provincial de Ciudad Real, en los que hablan algunos de los supuestos colaboradores del clan colombiano con clientes.
También se han oído conversaciones de la considerada cabecilla, María Leida M., con sus activos en la zona y presuntos proveedores (de cocaína) de Colombia, que luego distribuía en una trama en la Comarca de Montiel.
‘Vino’, ‘litro de cerveza’ o ‘arroz’ serían términos, según manifestaron los numerosos agentes que testificaron en la segunda sesión, que usan los implicados para hablar de cocaína, así como en el caso de las conversaciones con los contactos en el país sudamericano, el símil era ‘abono’ o ‘potasio’.
En una llamada del mes de mayo, la cabecilla hablaba con un familiar de su país del precio del ‘abono’, quien le comentaba las oscilaciones del precio en pesos. Finalmente, ella le indicó que le mandaría 675.000 pesos a través de una tía para comprar dicho producto fitosanitario y “para los trabajadores”. En esta conversación llegaron a apostar 100.000 pesos por el resultado que el Real Madrid tendría en la Copa del Rey, que iba a jugar próximamente, ya que la procesada se declaraba seguidora del Barcelona.
En otros contactos se la oye quedar con otra mujer en un locutorio de Valdepeñas, incluso hablar con una de las responsables del centro sobre los envíos de dinero que ella y otras personas habían realizado recientemente, supuestamente para blanquear capitales.
Una de las intervenciones telefónicas más esclarecedores, ha sido la de R.P.L., supuesto miembro de la red, con un comprador. Fue a principios del mes de julio y le informaba sobre el precio del gramo (de cocaína). “Estoy en Manzanares y hasta mañana no voy a Infantes”, dijo y añadió que “un gramo es a 35 euros y cinco gramos son 175”. Su interlocutor le pide que sea de calidad porque es para otras personas y para el fin de semana, así como le pregunta dónde puede ir (a comprar) en ese momento. R.P.L. le indica varios nombres, y sobre la entrega del día siguiente le asegura que “te daré a probar”.
También se ha podido oír en numerosas ocasiones a J.A.R.A., otro de los acusados en la operación que llegó a un acuerdo, en las que queda a comer (se supone que a comprar) con María Leida, “al mediodía, a hora de siempre” en su casa, o queda con ella por la noche. Igualmente, habla con otros jóvenes que “quieren comprar pescado” y con otros de llevarles vino, un litro o medio, así como les dice si necesitarán cambio.
En otra escucha, J.D.C.M., un hijo de la procesada, también imputado que se conformó, habla del susto que tenía tras haber sido interpelado por la policía en la calle, en una intervención en la que le pidieron el pasaporte pero no vieron un envoltorio que llevaba en una servilleta sucia.
Envíos de dinero
Previamente, han comparecido como testigos seis personas, la mayoría de origen colombiano, que, según los investigadores, realizaban envíos de dinero comandados por María Leida.
Entre ellas estaba J.A.V., la exmujer de Carlos Andrés, el también enjuiciado e hijo de la principal procesada, con quien tiene un hijo. La joven ha dicho no recordar cuántos envíos hizo ni quién se los encargó, y tan sólo se ha limitado a verbalizar que su exmarido se dedicada a trabajar en el campo “a lo que le llamaban”. En la misma línea, C.V., la madre de la chica y exsuegra del procesado, también ha reconocido, a preguntas del fiscal, que hizo hasta cuatro envíos (algún no reconocido en el juzgado de Guardia), a familiares del que fuera su yerno. A preguntas del abogado de Carlos Andrés, ha confirmado que se dedicada a trabajar por temporadas “a lo que le salía” en la agricultura o en la construcción.
L. M., otro joven, ha señalado previamente que conoce a Carlos Andrés, y que hizo tres envíos de más de 4.500 euros en conjunto por orden de Víctor Hugo, hermano de éste y otro hijo de la imputada, porque él tenía “el cupo lleno”.
El juicio continuará el próximo lunes con la comparecencia del testigo protegido que destapó la trama y que supuso el inicio de la investigación, y cuya identidad desconocen por ahora las partes.
El presidente del tribunal ha señalado que pedirán la colaboración de la Guardia Civil para que esta persona acuda a la Sala y para garantizar su seguridad.
