Las organizaciones agrarias ASAJA y UPA han subrayado esta mañana que los agricultores tienen muchas razones para manifestarse, como harán el próximo día 29 de enero, “y no será la última manifestación”.
Esta mañana se han reunido con el Partido Popular, al que han expresado su rechazo frontal a cualquier recorte en la Política Agraria Común (PAC) y su preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación actual de la directiva marco del agua en Castilla-La Mancha, entre otras muchas cuestiones. Lo hicieron tras una reunión mantenida con representantes del PP, entre ellos la eurodiputada y portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura del PP Europeo, Carmen Crespo, y el diputado autonómico Santiago Lucas-Torres.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha agradecido al PP regional el encuentro y subrayó la necesidad de una “Europa fuerte” que sitúe al sector agrario en el centro de sus políticas. Morcillo ha criticado la propuesta presupuestaria comunitaria para la PAC, que contempla un recorte del 23%, el mayor registrado hasta ahora, y ha defendido que “no se puede aceptar una PAC con ni un solo euro de recorte”.
En este contexto, reclamó mantener una PAC verdaderamente común, frente a la posibilidad de cheques nacionales, y alertó de los efectos que tendría para Castilla-La Mancha la nueva planificación hidrológica. Según explicó, los recortes en dotaciones y superficies de riego en las cuencas del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana podrían abocar al cierre de explotaciones y a la despoblación de municipios enteros. Por ello, pidió ampliar hasta 2032 los plazos para cumplir los objetivos medioambientales de la directiva del agua o incluso paralizar su aplicación si no se llega a tiempo.
Morcillo también mostró su preocupación por la posible desaparición de la intervención sectorial del vino en la futura PAC, lo que pondría en riesgo cerca de 202 millones de euros a nivel nacional y alrededor de 100 millones en Castilla-La Mancha destinados a reestructuración, promoción e inversiones en bodegas. Las organizaciones agrarias anunciaron que estas reivindicaciones volverán a la calle en la movilización convocada para el día 29 en Toledo.
«Relato propio» de las organizaciones agrarias
En la misma línea, el presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, agradeció la reunión al PP y señaló que las organizaciones agrarias están en disposición de construir un “relato propio” tras sus encuentros con todos los partidos del arco parlamentario regional. Fresneda confirmó su respaldo a las reivindicaciones planteadas por UPA y avanzó que la protesta del día 29 no será la última.
El dirigente de ASAJA apuntó, además, a otros problemas que alimentan el malestar del campo, como la gestión de la sobrepoblación de conejos, las limitaciones en zonas ZEPA y, especialmente, el agua. Fresneda denunció que la aplicación estricta de la directiva marco podría dejar “sin agua y sin agricultores” a amplias zonas productivas y defendió una Europa fuerte que exija a las importaciones agrarias las mismas condiciones que se imponen a los productores europeos, en relación al acuerdo con Mercosur.
Mercosur
Por parte del Partido Popular, la eurodiputada Carmen Crespo defendió que su formación trabaja “sin populismo ni soflamas” para ser útil al sector agrario desde las instituciones europeas. Reconoció el “hartazgo” de los agricultores y aseguró que el PP está presentando propuestas para modificar la PAC, la directiva de aguas subterráneas y las normas del Pacto Verde cuando estas perjudican al sector.
Crespo se detuvo especialmente en el acuerdo con Mercosur, donde afirmó que el PP está centrando sus esfuerzos en lograr cláusulas de salvaguarda y controles efectivos en frontera.
En este sentido, ha denunciado que el haber remitido el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la capacidad de negociación de la Eurocámara, y la Comisión Europea podría comenzar a aplicar provisionalmente el acuerdo. “Esto ha dejado en el aire tanto esas cláusulas salvaguarda como los 45.000 millones de euros vinculados al acuerdo que podrían destinarse a la PAC”. Pese a ello, aseguró que su grupo seguirá trabajando para que esos fondos sean obligatorios y se vinculen directamente a la agricultura.
Asimismo, defendió la creación de una oficina europea de control de importaciones y una mayor exigencia en los controles sanitarios y medioambientales en los puertos, y reiteró que el PP aceptará acuerdos comerciales “solo si son justos, reales y controlables” para evitar competencia desleal.
Por último, el diputado autonómico del PP Santiago Lucas-Torres puso el foco en la situación específica de Castilla-La Mancha, con problemas como el cierre de pozos, la creciente burocracia en el uso del agua y la incertidumbre sobre los fondos del segundo pilar de la PAC y los programas vitivinícolas, que aportan alrededor de 100 millones de euros anuales a la región. Lucas-Torres defendió que el PP está trasladando soluciones y alternativas a las organizaciones agrarias frente a lo que calificó como “mensajes populistas” que, a su juicio, generan alarma sin ofrecer respuestas.
