Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han lamentado que los requisitos exigidos a los agricultores de la región a la hora de solicitar las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo de 2019 sigan siendo “tan complejos” y “creen agravios comparativos”.
Portavoces de Asaja y Upa han pedido a la Consejería de Agricultura que “simplifique los trámites”, sobre todo las exigencias “ajenas a la labor de los agricultores o las “varias” comprobaciones en campo de la plantaciones de nuevas variedades, entre otros criterios a cumplir, tal y como recoge la orden, publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
Los dirigentes consultados han celebrado que las ayudas se concedan de manera directa al agricultor y, precisamente por ello, reclaman que se desliguen de criterios como la vinculación a las EAPIR (Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional) o respecto a la política comercializadora de la cooperativa de referencia del solicitante.
“Son temas en los que los productores no tienen ninguna influencia”, han señalado a Lanzadigital.
“Al viticultor se le tiene que dar un cambio radical”, ha sostenido Arturo Serrano, secretario general técnico en ASAJA en Castilla-La Mancha, para quien de lo contrario “deja de ser atractiva”, porque además “llega poco dinero”.
Ha recordado que en la anterior convocatoria se actuó sobre 6.000 hectáreas en la comunidad autónoma, con 36 millones de euros, siendo Ciudad Real la provincia con más superficie arrancada o reconvertida de vaso a espaldera, por encima del 52% en los últimos casi 20 años (desde el año 2000).
En concreto, se priorizarán a los productores que sigan apostando por la calidad diferenciada, a los jóvenes, a los proyectos de titularidad compartida a los agricultores de explotaciones prioritarias, agricultores a título personal (ATP) y a agricultores profesionales.
También tendrán mejores valoraciones los agricultores que formen parte de alguna de las agrupaciones de productores, o los beneficiarios que hayan destinado su producción a una de las nueve denominaciones de origen.
“Si la Administración pone trabas a la reestructuración, los productores optan por el abandono”, ha dicho Serrano, la vez que ha reconocido que “evidentemente tiene que haber un control y una documentación, sobre todo de las nuevas variedades, pero debería simplificarse y enfocarse al viticultor”.
Incumplimiento
Por su parte, el responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco, ha coincidido con su homólogo y ha pedido “simplificar” la burocracia y “eliminar” la exigencias “que no dependen del agricultor”, con el fin de que éste “no tenga sobre la cabeza la espada del incumplimiento”.
Ha valorado la labor de las entidades colaboradoras a la hora de gestionar las ayudas a la reestructuración y ha indicado que el criterio que valora la pertenencia a una EAPIR “es discriminatorio”.
“No nos gusta que se exijan requisitos que no dependen del agricultor”, como las cuentas de las cooperativas o sus planes de promoción, pues les deberían “premiar por la variedad que supuestamente sea más rentable”
A su juicio, “habría que darle una vuelta para que la reestructuración sea atractiva y no se pierdan fondos”, pues la única media directa a los viticultores”, y contribuye a que el viñedo “se mecanice para ahorrar costes, ganar en eficiencia y orientarlo al mercado”.
La orden se enmarca dentro del Plan Estratégico del Sector Vitivinícola 2019-2023 para la región y el plazo para la presentación de solicitudes es el 28 de febrero.
