S.Ruipérez/ Ciudad Real
Hoy se celebra el Día Internacional contra la erradicación de la pobreza con el que se pretende concienciar al mundo sobre la necesidad de terminar con la pobreza y la indigencia en todos los países.
Ayer, con tal motivo, el Ayuntamiento de Ciudad Real abrió las puertas a ‘Alianza contra la Pobreza’ para escuchar y atender las principales reivindicaciones de las personas que viven en exclusión social y en situación de pobreza extrema. El consistorio capitalino, presidido por la socialista, Pilar Zamora, se convierte así en el primero de Castilla-La Mancha en atender esta demanda.
En este contexto y con la práctica totalidad del grupo municipal socialista y los concejales de Ganemos, la ausencia de los dos concejales de Ciudadanos y la única presencia de la concejala del PP, Aurora Galisteo, los portavoces de esta plataforma, Francisco Javier, Paco y Paqui pidieron a los poderes públicos una ‘Estrategia por la Inclusión Social y contra la Pobreza’ que tenga como objetivos: reducir, al menos un 15% el número de personas en situación de riesgo de pobreza; reducir la tasa de riesgo de pobreza infantil en, al menos una cuarta parte; aumentar la tasa de ocupación un 10% y reducir el abandono escolar de la población en edad escolar obligatoria.
Una audiencia al año
En este marco también sugirieron que la Corporación municipal mantenga una audiencia con las personas en pobreza y riesgo de exclusión, al menos una vez al año; que se establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible; elevar al Gobierno regional la necesidad de mejora y racionalización del actual sistema de rentas mínimas para que permita un nivel de vida digno a las personas, estableciéndose dicha base mediante presupuestos familiares de referencia.
Prestaciones sociales
Reivindicaron prestaciones sociales y, con carácter prioritario, implantar una prestación económica por hijo menor de edad, para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta); ampliación de servicios gratuitos de educación infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en edad escolar obligatoria, a fin de retomar o mantener el proceso formativo y mejorar el éxito escolar.
La revisión de los impuestos y tasas municipales para que se incorporen exenciones y, deducciones para las personas y familias más vulnerables fue otra de las demandas realizadas.
Además y entre las medidas sugeridas destaca el establecimiento de planes antidiscriminación que se apliquen en toda la administración y se extiendan a la sociedad en su conjunto; que se garantice la atención sanitaria universal a todas las personas; que el gobierno local y autonómico cree estrategias para la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo y la pobreza energética; la creación de un Fondo de Vivienda Social en Castilla-La Mancha en colaboración con el SAREB, evitando los desahucios de las familias con menores, personas con discapacidad y dependientes.
En cuanto a la pobreza energética sugieren establecer mecanismos de control para que las empresas no apliquen las mismas tasas. También que se asegure que las becas de comedor escolar sean suficientes en cuantía y cobertura que se actué desde la Comunidad Autónoma para que el impacto de la ley 27/2013 sobre la administración local permita mantener los servicios sociales como actores principales de la equidad social a nivel regional y local, y que se asegure su financiación adecuada, dentro de los presupuestos.
Entre otras peticiones, desde la Alianza contra la pobreza se sugirió la constitución de la Mesa de Diálogo Civil en Ciudad Real con las organizaciones más representativas del Tercer Sector para la supervisión y el seguimiento de estas medidas.
Además de estas peticiones con las que la alcaldesa se comprometió, María y Patricia de la Fundación Secretariado Gitano y de ACCEM respectivamente, leyeron el manifiesto contra la pobreza, en un acto que se producía por primer vez en el Ayuntamiento y en el que se reivindicaron, entre otras políticas sociales para cumplir con los derechos humanos; que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos que el gobierno español y el autonómico sean conscientes de que el ejercicio de los derechos humanos conlleva obligaciones aquí y más allá de las fronteras y políticas coherentes con la justicia.
