J.M. Izquierdo/Ciudad Real
Los tres acusados por la operación “Eduparis”, que esta semana se está juzgando en la Sección Primera de la Audiencia de Ciudad Real, estaban perfectamente localizados por los agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, que participaron en los operativos que acabaron con la desarticulación del grupo.
Este juicio solo es la primera parte de una operación de más calado, que tuvo su origen en una investigación sobre posible fraude fiscal y blanqueo de dinero, con la utilización del dinero de la droga para adquirir vehículos en otros países europeos y tuvo sus primeras referencias en la zona de Pedro Muñoz.
Después de que el pasado lunes cinco de los nueve acusados reconocieran los hechos y aceptarán las penas que se les imponía, este martes, se ponía sobre la mesa la responsabilidad de los otros tres -dos hombres colombianos y inglés- que no reconocieron pertenecer al grupo y que dijeron desconocer también los tejemanejes del resto del grupo con la droga.
Durante la mañana de este martes declararon seis agentes de Vigilancia Aduanera y otros tantos agentes de la Guardia Civil, entre ellos, el sargento que dirigió la operación desde este cuerpo.
En todos los testimonios aparecían los dos hombres colombianos. Primero el 22 de noviembre de 2013, cuando acudieron a recoger al aeropuerto de Barajas a otro hombre de venía de Guayaquil (Ecuador) con 33 bolas, persona que fue detenida en el control de aduanas y con el que no pudieron contactar.
Una semana después, asimismo, fueron vigilados y controlados en la estación de Atocha, en Madrid, donde acudieron a recoger a una mujer que venía de Málaga a por droga y a la que trasladaron a una vivienda en la zona de Cuatro Caminos, donde tenía la organización un laboratorio y luego devolvieron a la estación de Atocha para que iniciara el viaje de regreso a Málaga.
En la estación María Zambrano de la ciudad andaluzar, la estaban esperando los agentes de la autoridad y también el acusado de origen inglés. También estuvieron localizados en Quintará de la Orden, Toledo, donde había otro laboratorio de drogas, y en Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real
Las tres abogadas de los acusados, por su parte, intentaron sembrar las dudas sobre la relación real entre los acusados y el grupo.
Para ello cuestionaron alguna actuación policial durante los operativos y el hecho de que, en la transcripción de las conversaciones telefónicas “pinchadas” no se mencionar ningún nombre en concreto, solo si se eran voces de mujer u hombre.
