La Asociación de Afectados por el Parque de Cabañeros, propietarios de unas quince fincas privadas dentro del parque nacional, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea por lo que consideran “gestión deficiente y negligente” de este espacio natural protegido, en el que como otros parques nacionales se prohibió la caza comercial hace unos años, tras una larga moratoria.
“Hemos acudido a la Comisión Europea para que las autoridades españolas cumplan con sus obligaciones legales y conservacionistas antes de que se produzca un desastre ecológico irreversible”, asegura en un comunicado Miguel Temboury, abogado de la asociación, molesta porque se limite la caza en sus terreno y no se les haya compensado económicamente por ello, como establece la ley.
La asociación asegura en el comunicado que han presentado informes técnicos y pruebas gráficas que constatan la “terrible degradación de los ecosistemas” del parque.
La denuncia alerta a Bruselas sobre la ausencia práctica de un plan de gestión de poblaciones de ungulados silvestres (ciervos y jabalíes). La administración española aprobó en junio de 2021 el Plan Rector de Uso y Gestión de Cabañeros, pese a que la Ley de Parques Nacionales le concedió para ello un plazo de seis años que expiró el 5 de diciembre de 2020. «Este instrumento no establece actuaciones de control de poblaciones, sino que se remite al denominado Plan de Gestión de Ungulados, que no fue aprobado hasta junio de 2023», dicen.
Se quejan de los nulos efectos del plan de ungulados
Pese a su aprobación, el Plan de Gestión de Ungulados carece de cualquier efecto práctico hasta la fecha, puesto que exige para su aplicación la previa celebración de acuerdos entre la administración y los titulares de derechos afectados. Estos acuerdos no se han celebrado hasta la fecha, por lo que ya son tres las temporadas completas de caza en las que no se ha podido realizar ninguna actuación cinegética.
«Esta desidia de las administraciones españolas han dejado al parque en una situación de absoluto abandono, causando graves daños a un espacio natural de alto valor ecológico. Una circunstancia que ha generado una alerta medioambiental sin precedentes», insisten.
La legislación, tanto europea como española, establece que son las administraciones públicas las encargadas gestionar el parque y dotar de los recursos necesarios para mantener la integridad del hábitat y las especies protegidas que allí habitan.
Sobrepoblación de ungulados
Una de las consecuencias de esta inadecuada gestión es la sobrepoblación de ungulados (animales con pezuñas), que facilita enormemente la transmisión de determinadas enfermedades entre las especies, disminuye la cantidad de alimento y, con ello, la viabilidad de otro tipo de fauna.
Aseguran además «que la ausencia de mantenimiento ha aumentado de manera exponencial el riesgo de incendios al verse degradada la masa forestal por sobrepastoreo y la falta de labores de desbrozo».
Esta sobrepoblación, insisten, también ha tenido un impacto negativo en especies en peligro como el águila imperial y el lince ibérico, cuyos hábitats se han visto gravemente comprometidos, limitando sus oportunidades de alimentación y refugio.
