La Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros, que representa a las quince fincas privadas con terrenos dentro del parque nacional, consideran “imperativo” que el traspaso de las transferencias a la comunidad autónoma vaya acompañado de un plan para gestionar el parque, “y así dar cumplimiento a los dispuesto en la normativa vigente”, es decir, el control de ungulados (ciervos, jabalís y otros animales con pezuñas), desde que no se permite la caza comercial, la razón de ser de la mayoría de estas fincas.
“Estamos de acuerdo con la consejera en la necesidad de traspasar las competencias en materia de parques nacionales del Estado a la comunidad autónoma [Castilla-La Mancha es la única que las tiene] para una correcta gestión y conservación del ecosistema de Cabañeros», aseguran en un comunicado, a raíz de la entrevista de Europa Press a Mercedes Gómez. Pero a la vez dicen que el parque ha alcanzado niveles insostenibles de deterioro desde que no se permite la caza “y no hay un efectivo control poblacional de estas especies”.
“Tampoco ha habido acuerdo indemnizatorio con los propietarios de las fincas privada”, insisten, tal y como establece la propia Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que entró en vigor en diciembre de 2021. Desde entonces se supone que hay que compensar a las fincas por no cazar.
Aseguran que el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres del Parque Nacional de Cabañeros, publicado con fecha de con fecha de 14 de junio de 2023, «carece de cualquier efecto práctico en la parte privada del parque, puesto que exige para su aplicación la previa celebración de acuerdos entre la Administración y los titulares de derechos afectados que hasta la fecha no se han producido».
Quieren compartir la gestión del control de especies
La Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros está dispuesta a llegar a un acuerdo consistente en una gestión compartida que asegure la conservación de un espacio protegido único tanto para la región como para España.
Recuerdan que el año pasado el patronato del parque -con fundamento en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)- dio luz verde al control poblacional, pero solo en la parte de monte público del espacio protegido. «Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes para mantener las poblaciones en un nivel manejable, según los objetivos establecidos».
El parque nacional de Cabañeros está conformado por una parte estatal, el 58% de su superficie, y por fincas privadas, que están situadas dentro del límite y suponen el 42% restante de la superficie del mismo.
«El abandono de las fincas privadas incluidas en el parque se debe a que, desde la expiración el 5 de diciembre de 2020 del plazo de 6 años establecido en la Disposición Adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, se ha venido impidiendo por la Administración castellanomanchega la realización de cualquier actuación cinegética de control, por considerar que estas actuaciones son incompatibles con los parques nacionales», subraya.
Poblaciones disparadas «sin control»
Este hecho, concluye, ha producido que las poblaciones de ungulados de estos territorios se hayan disparado sin control hasta niveles que hacen inviable la conservación de estos espacios protegidos. «Hasta la fecha, no se han concretado acuerdos efectivos que permitan una gestión sostenible y respetuosa del Parque Nacional de Cabañeros».
«La falta de acuerdos priva de eficacia al Plan de Gestión de Ungulados Silvestres vigente, lo que unido a la falta de una estrategia de la Administración ha contribuido a un grave deterioro del ecosistema de Cabañeros que afecta de forma preocupante tanto a la flora como a la fauna», ha concluido.
